La reciente propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de crear una empresa constructora propia ha generado un fuerte rechazo entre representantes del sector privado, líderes sindicales y autoridades financieras. Claudia Esqueda Llanes, representante obrera ante el Infonavit, calificó la iniciativa como un “giro regresivo y poco aconsejable”, argumentando que el intento de abordar la crisis de vivienda en México no se alinea con las necesidades actuales de los trabajadores.
José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también se mostró en desacuerdo, enfatizando que la solución a la crisis habitacional debe ser abordada mediante la competitividad del sector privado, y no por el gobierno. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, reiteró que la construcción de vivienda debe ser una actividad rentable en manos de la iniciativa privada y no del estado. En abril, Serrano había expresado que no existían fallas en el sector que justificaran la intervención del Infonavit en el desarrollo habitacional.
Los motivos
Los motivos detrás de esta oposición son evidentes: defienden un modelo que prioriza el negocio de la construcción y el crédito hipotecario, lo que les permite mantener un control significativo sobre los trabajadores. Esqueda Llanes, por su larga trayectoria en el sindicalismo, teme perder agremiados ante la competencia de mejores condiciones laborales en el sector público, mientras que los magnates de la construcción buscan proteger su monopolio en el desarrollo inmobiliario.
Además, ideologicamente cualquier postura con la empresa pública como hemos visto las críticas a PEMEX y CFE y la continua intención que se aperture al sector privado. Para el sector privado es una regresión la nueva estrategía de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vivienda cara
La historia sugiere que el sector privado ha fallado en atender las necesidades habitacionales durante décadas. Por lo tanto, es crucial que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos, priorizando el acceso a vivienda digna por encima del lucro empresarial. La creación de la empresa constructora por parte del Infonavit podría ser un paso hacia un modelo más inclusivo que responda a las necesidades reales de los trabajadores.
Esta postura ignora el derecho humano a la vivienda. A pesar de las afirmaciones del sector privado sobre la funcionalidad del mercado, los datos muestran una profunda disfuncionalidad. En la Ciudad de México, el precio promedio de la vivienda es de 4.7 millones de pesos, mientras que la mayoría de los consumidores solo pueden pagar entre 450 mil y 850 mil pesos. Esta disparidad ha resultado en la expulsión de 100 mil personas anualmente de la ciudad, debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible.
Política fallida de Fox y Calderón aliados al sector privado.
Las políticas de vivienda durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón han sido objeto de críticas. Durante el sexenio de Fox, la vivienda fue uno de los sectores económicos más destacados, con una reforma estructural que benefició a las desarrolladoras de vivienda. Sin embargo, estas políticas también fueron criticadas por promover la construcción masiva de viviendas alejadas de los centros urbanos, lo que dificultó el acceso a servicios y centros de trabajo.
Entre las principales críticasse encuentrán:
Fomento a la urbanización desmedida: La construcción masiva de desarrollos habitacionales en áreas periféricas fue criticada por promover la expansión urbana descontrolada y el crecimiento de asentamientos informales, generando problemas de infraestructura y servicios públicos.
Problemas de calidad: Se denunció la baja calidad en la construcción de viviendas, con muchas casas presentando problemas estructurales y de servicios básicos, afectando la vida de los nuevos propietarios.
Problemas de financiamiento: Las políticas de financiamiento y créditos a la vivienda fueron criticadas por ser insuficientes o inaccesibles para las familias de bajos ingresos. Muchos ciudadanos quedaron fuera del acceso a créditos hipotecarios.
Falta de regulación en el sector inmobiliario: Se cuestionó la falta de regulación y control en el sector de la construcción, lo que permitió prácticas irregulares y fraudes en la venta de viviendas, perjudicando a los compradores.
Énfasis en la vivienda como inversión: Calderón fue criticado por promover la idea de la vivienda principalmente como un activo financiero, en lugar de considerarla un derecho humano fundamental, lo que llevó a una mercantilización del acceso a la vivienda.
