Ciudad de México, 20 de marzo de 2025. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha iniciado una estrategia legal contundente para enfrentar los casos de corrupción y despojos masivos que han afectado a más de 200,000 derechohabientes en todo el país. Como parte de este proceso, el instituto ha presentado hasta el momento 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y tiene en curso la integración de 3,380 carpetas de investigación adicionales.
De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, las irregularidades fueron cometidas por una red de actores que incluyó desarrolladores, constructoras, notarios públicos, exfuncionarios del instituto y otros intermediarios. Estas prácticas ilícitas derivaron en la apropiación indebida de viviendas y en el desplazamiento forzado de miles de trabajadores, quienes perdieron su patrimonio por medio de fraudes sistemáticos y juicios amañados.
“Se trata de una corrupción estructural que permitió que miles de trabajadores fueran despojados de sus hogares de manera ilegal. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables y resarcir los daños”, afirmó Romero Oropeza durante la 133ª Asamblea General Ordinaria del Infonavit.
Modus operandi del despojo masivo
El esquema de fraude involucraba diversas irregularidades en la asignación y recuperación de créditos hipotecarios. Entre los métodos utilizados, destacan:
- Créditos sobre viviendas inexistentes o ya asignadas. Algunos desarrolladores y constructoras obtuvieron financiamientos para proyectos de vivienda que nunca se construyeron, mientras que en otros casos, una misma casa fue vendida varias veces con diferentes créditos.
- Juicios masivos irregulares. En colusión con jueces y funcionarios de los poderes judiciales estatales, se llevaron a cabo procedimientos legales fraudulentos para despojar a los trabajadores de sus viviendas sin que estos fueran notificados adecuadamente.
- Conflictos de interés en la adjudicación de inmuebles. Notarios y exfuncionarios facilitaron transferencias de propiedad a precios subvaluados o mediante empresas fachada, en detrimento del patrimonio de los derechohabientes.
Las investigaciones revelan que estos fraudes afectaron a más de 373,000 trabajadores, generando pérdidas económicas que superan los 29,000 millones de pesos.
Estrategia de recuperación y nuevas medidas
Para contrarrestar los efectos de estos despojos, el Infonavit ha implementado una serie de medidas orientadas a garantizar que los trabajadores recuperen su patrimonio y accedan a viviendas dignas.
Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la puesta en marcha de Infonavit Constructora, una empresa pública que iniciará operaciones en los próximos días con el objetivo de construir hasta un millón de viviendas. Se espera que en abril arranque la construcción de las primeras 20,000 unidades, priorizando zonas con alta demanda y en condiciones asequibles para los trabajadores.
Asimismo, el instituto lanzará un programa de renta con opción a compra para viviendas abandonadas. Esta iniciativa permitirá que familias de bajos ingresos puedan habitar casas en desuso mediante pagos accesibles, con la posibilidad de adquirirlas en el futuro.
“El objetivo es claro: recuperar viviendas en beneficio de los trabajadores y evitar que sigan siendo objeto de especulación inmobiliaria. No vamos a permitir que las irregularidades del pasado se repitan”, aseguró Romero Oropeza.
