Este viernes, comenzó el traslado de 11 cuerpos recuperados de la Fosa 1 del panteón “21 de Marzo”, ubicado en Culiacán, Sinaloa. Esta acción forma parte del Programa Estatal de Recuperación, Resguardo Temporal e Identificación Humana (PertiDH), impulsado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, con el objetivo de garantizar un proceso digno, científico y respetuoso hacia las víctimas no identificadas.
Trabajo conjunto y supervisión técnica especializada en fosa común del panteón 21 de Marzo
La recuperación y traslado de los restos son coordinados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y ejecutados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Además, cuentan con la colaboración del Centro Nacional de Identificación Humana (CNB) y la supervisión pericial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, asegurando un enfoque técnico y humanitario en cada etapa.
Avances en la excavación: metodología y profundidad
Los 11 cuerpos recuperados se localizaron en el nivel tres de excavación, a aproximadamente 2.30 metros de profundidad. Estas labores se suman a los cinco cuerpos inicialmente recuperados en niveles previos, marcando un avance significativo en la fase exploratoria del PertiDH y demostrando el alto nivel metodológico aplicado en la intervención arqueológico-forense.
Resguardo y análisis forense para la identificación humana
Tras su traslado, los restos serán almacenados en el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH), donde se les aplicarán procesos periciales, incluyendo la toma de muestras genéticas (ADN). Estas acciones buscan contribuir a la posible identificación de las víctimas y su posterior entrega a familiares, reafirmando el compromiso con la dignidad y verdad.
Compromiso gubernamental y próximo informe detallado
El Gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso con la atención sensible a las víctimas y reconoce el esfuerzo del equipo multidisciplinario que trabaja con rigor técnico y sensibilidad humana. En los próximos días se dará a conocer un informe detallado sobre los avances del proceso histórico iniciado el 9 de julio, que marca un precedente en políticas públicas estatales de identificación humana.
