Este lunes, trabajadores del Poder Judicial iniciaron una huelga indefinida en protesta contra la reforma impulsada por el gobierno, la cual propone, entre otros cambios, la elección de jueces a través del voto popular, una medida que ha sido fuertemente rechazada por la oposición.
La reforma ha generado preocupación en el sector empresarial, que advierte que estas modificaciones podrían debilitar la independencia del Poder Judicial, afectando el clima de negocios en México y violando los compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En la Ciudad de México, imágenes y reportes en redes sociales muestran a decenas de trabajadores bloqueando las entradas a diversas instalaciones del Poder Judicial. Con pancartas que llevaban mensajes como “Basta de ataques políticos al Poder Judicial”, los manifestantes expresaron su rechazo a la reforma.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, principal promotor de la reforma, afirmó durante su conferencia matutina que los trabajadores tienen derecho a manifestarse, pero negó que la reforma les afecte directamente. Además, sostuvo que la protesta respalda a “quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial”. López Obrador ha defendido la reforma argumentando que el sistema de justicia actual está controlado por intereses económicos y está plagado de corrupción, por lo que no representa al “pueblo”.
El partido oficialista Morena propuso que la elección popular de los ministros de la Suprema Corte, uno de los puntos más controvertidos de la reforma, se realice en junio de 2025 de manera escalonada. Este tema comenzará a discutirse en septiembre, con el inicio de la nueva legislatura, y se espera que Morena, con su mayoría en el Congreso, apruebe los cambios sin mayor dificultad.
El mandatario también arremetió contra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ha instado a las autoridades electorales a respetar la Constitución en un próximo dictamen sobre las elecciones del 2 de junio, en las que el oficialismo podría obtener una mayoría calificada en la Cámara Baja, suficiente para modificar la Constitución sin necesidad de apoyo de la oposición.
López Obrador criticó que el CCE busca proteger reformas pasadas que, según él, beneficiaron a una minoría durante el período liberal. Además, acusó a los ministros de la Suprema Corte de servir a los “potentados” por bloquear varios cambios legislativos.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el 1 de octubre, ha defendido la reforma al asegurar que brindará certidumbre jurídica a los inversionistas, ya que combate la impunidad en el país. Además, el viernes pasado, Sheinbaum reiteró que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y su carrera profesional.
