Por: Jonatan Azbat Carrillo
En teoría, las instituciones públicas y privadas deberían responder a los cuestionamientos con datos, argumentos y transparencia. En la práctica, cada vez es más frecuente que respondan con otra cosa: ruido. Ruido digital, perfiles anónimos, cuentas restringidas, comentarios sincronizados y reacciones masivas que buscan cambiar el eje de la conversación. No se trata de dialogar. Se trata de desacreditar.
La desacreditación no es un accidente. Es una estrategia mediática.
Cuando alguien señala una posible irregularidad en el ámbito de la salud —ya sea el uso incorrecto de terminología médica, negligencias en la atención, una campaña mal planteada o una práctica comunicacional que puede reforzar estigmas— lo esperable sería una respuesta técnica. Más aún cuando hablamos de temas sensibles como el VIH, donde el lenguaje no es un detalle menor, sino una herramienta que puede combatir o perpetuar discriminación.
Sin embargo, en lugar de dar una aclaración sustentada en lineamientos actualizados de organismos como la Organización Mundial de la Salud o ONUSIDA, lo que suele aparecer es una oleada de comentarios que minimizan la crítica, cuestionan la intención del denunciante o intentan ridiculizar el señalamiento. De pronto, perfiles restringidos, fotografías genéricas y escasa actividad previa se activan de manera casi simultánea. El patrón se repite: no se debate la información, se ataca a quien la expone.
Más que una conversación espontánea, parece una dinámica de amplificación. No necesariamente se trata de “robots” en sentido técnico, sino de cuentas opacas que funcionan como multiplicadores de narrativa. La finalidad no es aportar argumentos, sino generar percepción. Saturar. Desgastar. Confundir.
Esta forma de responder tiene una lógica clara. Cuando no conviene reconocer un error, se desplaza el foco hacia la credibilidad del mensajero. Es más sencillo sembrar duda sobre la persona que revisar la práctica institucional. La narrativa cambia de “¿hay algo que corregir?” a “¿quién eres tú para señalar?”. Así, el poder no necesita demostrar que tiene razón; le basta con erosionar la voz de quien cuestiona.
Vivimos en la era de la infodemia, término popularizado por la Organización Mundial de la Salud para describir el exceso de información, verdadera y falsa, que dificulta distinguir fuentes confiables. Pero hay una diferencia entre el caos informativo espontáneo y la amplificación estratégica. Cuando múltiples cuentas replican el mismo discurso, cuando las burlas sustituyen los argumentos y cuando la reacción emocional desplaza la evidencia técnica, estamos ante una operación narrativa, no ante un debate genuino.
La desacreditación mediática funciona porque desgasta. No necesariamente busca convencer a todos; busca generar duda suficiente para diluir la crítica. Busca que la denuncia pierda fuerza en medio del ruido. Busca que la persona señalada aparezca como víctima de un “ataque” y no como sujeto obligado a rendir cuentas. Es un giro discursivo poderoso: convierte la revisión en agresión y la exigencia en exageración.
En temas de salud pública, esto resulta especialmente delicado. La comunicación en salud no es publicidad cualquiera. Tiene implicaciones éticas. El uso correcto de términos, la forma en que se presentan los estudios diagnósticos y el contexto en que se ofrecen servicios pueden impactar en la percepción social de enfermedades históricamente estigmatizadas. Cuando alguien cuestiona esos aspectos, no está atacando a la medicina; está exigiendo rigor.
Lo preocupante no es que exista crítica hacia quien denuncia. En democracia, la crítica es legítima. Lo preocupante es el uso sistemático de perfiles sin identidad verificable para intimidar, ridiculizar o saturar la conversación. La intención no es aportar evidencia, sino enviar un mensaje implícito: denunciar tiene consecuencias sociales.
El poder —institucional, económico o mediático— ha entendido que las redes sociales no solo son espacios de interacción, sino escenarios de construcción de percepción pública. Ya no basta con emitir un comunicado; ahora se puede moldear la narrativa mediante reacciones coordinadas, comentarios estratégicos y dinámicas digitales que premian la polémica por encima de la profundidad. La reputación se defiende no solo con hechos, sino con volumen.
Pero el volumen no sustituye la verdad.
Si una institución tiene fundamentos sólidos, puede sostener una discusión técnica abierta. Puede citar protocolos, lineamientos y normativas. Puede reconocer áreas de mejora sin que eso implique debilidad. La transparencia no debilita al poder; lo legitima. Lo que sí lo debilita es la necesidad de recurrir a la descalificación amplificada.
La desacreditación como estrategia mediática revela una tensión de fondo: el miedo a perder control del relato. Porque cuando la ciudadanía cuestiona, rompe la narrativa unidireccional. Obliga a explicar, a justificar, a actualizar. Y eso incomoda.
Sin embargo, en una sociedad que aspira a fortalecer sus instituciones, la crítica informada debería verse como oportunidad, no como amenaza. Cuando el poder responde con operaciones digitales en lugar de argumentos, no está defendiendo la verdad; está defendiendo su imagen.
Y la imagen, por sí sola, no salva vidas. La precisión, la ética y la responsabilidad sí.
Cuando el poder responde desacreditando, queda en evidencia algo fundamental: no le incomoda la mentira, le incomoda la revisión. Y en materia de salud pública, lo que debería incomodar no es la voz que cuestiona, sino cualquier práctica que aún pueda perfeccionarse.
