En la última conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), denunció un complejo esquema de fraudes, corrupción y despojo de viviendas que afecta a miles de trabajadores en todo el país. El esquema involucra a empleados del instituto, notarios, despachos, integrantes del Poder Judicial, empresas y peritos valuadores, lo que ha causado pérdidas millonarias en los ahorros de los derechohabientes. A través de la investigación, se ha revelado la magnitud de estos actos, con Sinaloa como uno de los estados afectados por este delito.
Proyectos fallidos en Sinaloa
En el estado de Sinaloa, se han identificado varios casos donde los desarrolladores recibieron recursos del INFONAVIT para construir viviendas, pero los proyectos nunca se concluyeron. Entre los desarrollos más emblemáticos que forman parte de esta denuncia se encuentran La Alborada de la empresa Promotora de Vivienda San Vicente SA de CV y Residencial Capistrano de Quijano Desarrolladores Inmobiliarios y Supervisión SA de CV. A pesar de recibir financiamiento del INFONAVIT, los desarrollos no se materializaron, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad.
La red de ventas sucesivas: un mecanismo de estafa
Romero Oropeza también denunció la existencia de una red delictiva que se dedica a la venta sucesiva de viviendas, un proceso en el que intervienen trabajadores del INFONAVIT, notarios, despachos de abogados y peritos valuadores. Este esquema ha permitido que una sola vivienda sea vendida varias veces a diferentes derechohabientes, quienes, al recibir un crédito, terminan pagando hasta el 40% de sus ahorros sin obtener la propiedad.
En Sinaloa, se han identificado al menos tres casas que fueron vendidas hasta 18 veces. Este tipo de prácticas han dejado a los trabajadores con deudas impagables y sin ninguna propiedad a su nombre, lo que representa un daño irreversible a su economía y bienestar.
Red de corrupción para despojo de casas a deudores
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se consolidó una red de corrupción que involucró a funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contubernio con despachos jurídicos, jueces, secretarios de acuerdos, notificadores, notarios y empleados del propio instituto. Este esquema delictivo permitió el despojo masivo de viviendas a derechohabientes morosos a través de litigios fraudulentos entre 2013 y 2018, afectando a miles de trabajadores en distintos estados del país, incluyendo Sinaloa.
La red de corrupción que operaba dentro del INFONAVIT se centraba en la adjudicación ilegal de bienes inmuebles a través de litigios, los cuales fueron ocultados a los afectados, quienes nunca recibieron notificaciones de las demandas que se les interponían. Este fraude involucró a autoridades del INFONAVIT, jueces y notarios que, en complicidad, lograron despojar a más de 60,000 derechohabientes de sus viviendas, afectando a trabajadores de todo el país, en particular en Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
De acuerdo con los informes, las autoridades responsables realizaron juicios masivos de ejecución hipotecaria entre 2013 y 2018, en los cuales las notificaciones nunca fueron entregadas a los derechohabientes. En lugar de informarles sobre los procesos legales en su contra, las notificaciones fueron concentradas en un solo domicilio en Compostela, lo que dificultó su defensa.
Uno de los casos más emblemáticos de este fraude fue el juicio hipotecario especial 297/2014, en el que más de 25,000 personas fueron afectadas por la falta de notificación. A pesar de que estas personas eran parte del expediente de 221 tomos, se concentraron todas las notificaciones en una sola dirección, en Compostela, lo que impidió que los derechohabientes pudieran defenderse adecuadamente en los tribunales. Al no responder a las demandas, la autoridad judicial los declaró en rebeldía el 16 de junio de 2016, lo que dio inicio a la retirada y subasta de las viviendas de los afectados.
