Es la primera vez que el Comité de la ONU activa el artículo 34 de la Convención Internacional para llevar el caso ante la Asamblea General
Ciudad de México, 5 de abril de 2025. — El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició un procedimiento inédito al invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, debido a la grave crisis que enfrenta México en esta materia. De acuerdo con cifras oficiales, más de 126 mil personas se encuentran desaparecidas en el país.
Este mecanismo excepcional permite que, si se determina que la desaparición forzada se practica de manera sistemática o generalizada, el asunto sea llevado con carácter urgente ante la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez que el Comité activa este recurso contra un Estado parte.
ONU exige cooperación e información detallada
Durante la clausura del 28º periodo de sesiones del Comité en Suiza, su presidente, Olivier de Frouville, anunció que se solicitará al Estado mexicano información pertinente para evaluar la situación y mantener un diálogo constructivo con miras a una aplicación plena de la Convención.
Además del procedimiento formal, el CED emitió medidas cautelares al Estado mexicano tras el hallazgo de restos humanos y pertenencias personales en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. El Comité exhortó a las autoridades a preservar debidamente los restos y garantizar el acceso a la información para los familiares de personas desaparecidas.
Colectivos respaldan a la ONU y exigen resultados
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundación para la Justicia e Idheas celebraron la activación del procedimiento y señalaron que la medida responde a la falta de voluntad por parte del gobierno mexicano para atender la problemática.
De acuerdo con estas organizaciones, desde 2021 el Comité recomendó una política nacional integral para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, sin que hasta ahora se hayan registrado avances sustantivos. Asimismo, denunciaron el desmantelamiento de instituciones clave y la reducción de recursos para la búsqueda de personas.
Gobierno rechaza señalamientos de la ONU
En respuesta, el gobierno de México rechazó las declaraciones del Comité y negó que en el país exista una política de Estado que permita o promueva la desaparición forzada.
A través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) manifestaron que “México no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado” y reiteraron su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El gobierno aseguró que continuará colaborando con el Comité, a fin de que cuente con información precisa y actualizada sobre el contexto nacional.
