Redacción Mesa Reservada | Abril 2025
En un hecho que marca precedente en América Latina, la justicia de Perú condenó a Ollanta Humala a 15 años de prisión por su participación en el escándalo internacional de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, ahora conocida como Novonor. La sentencia también alcanzó a su esposa, Nadine Heredia, acusada de haber participado en el esquema de financiamiento ilícito para la campaña presidencial de 2011.
El tribunal concluyó que la expareja presidencial recibió cerca de 3 millones de dólares de Odebrecht y OAS, sin declararlos ante la autoridad electoral, lo que permitió un incremento patrimonial injustificado. Ambos fueron hallados culpables del delito de lavado de activos en Perú, en el marco del caso Odebrecht que ha sacudido a gobiernos en todo el continente.
La resolución judicial vuelve a colocar en la mira los casos pendientes en México, donde los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón también fueron señalados por haber recibido financiamiento ilegal de Odebrecht, sin que hasta el momento hayan enfrentado consecuencias penales.
En el caso mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación, pero sin resultados judiciales relevantes. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, confesó haber recibido y repartido sobornos por más de 10.5 millones de dólares durante el gobierno de Peña Nieto, algunos de los cuales habrían sido utilizados para financiar su campaña presidencial y para sobornar legisladores a fin de aprobar reformas estructurales.
Por su parte, el gobierno de Felipe Calderón también ha sido vinculado con la entrega de 9.2 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que habrían sido destinados a altos funcionarios federales entre 2006 y 2011. No obstante, ambos expresidentes siguen libres, y en el caso de Calderón, incluso ha sido visto recientemente en un yate en Madrid, disfrutando de una vida de lujos mientras en Perú se dicta sentencia.
La diferencia de escenarios entre ambos países pone en evidencia la impunidad en México en casos de corrupción de alto nivel, en contraste con la contundencia judicial peruana. La pregunta clave sigue abierta: ¿Por qué Ollanta Humala va a prisión y Peña Nieto y Calderón no?
