Las organizaciones que forman parte de la colectiva Cambiémosla Ya han instado a los diferentes actores políticos, como la Suprema Corte, las candidaturas presidenciales, el Congreso y la Secretaría de Economía, a consolidar los progresos alcanzados con la nueva Ley de Minería y a evitar cualquier influencia corporativa en su regulación.
Destacaron que la nueva ley, en vigor desde hace un año, está siendo revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que pidieron al ministro Alberto Pérez Dayán que priorice en su proyecto de resolución los derechos de los defensores ambientales, así como de los pueblos y comunidades que han protegido su territorio y detenido el despojo de tierras y recursos naturales permitido anteriormente por la Ley Minera de 1992.
En cuanto a los candidatos presidenciales, las personas y comunidades defensoras del territorio agrupadas en el colectivo consideraron como “desafortunadas” las declaraciones de Xóchitl Gálvez, quien, según indicaron, ha demonizado la minería, cuando en realidad se trata de regularla y minimizar sus impactos, no de privilegiar los intereses del sector minero.
Sobre el candidato Jorge Álvarez Máynez, señalaron que parece querer “mercantilizar la naturaleza y la vida, ofreciéndolas al mejor postor”, tras proponer un “impuesto verde” para compensar los impactos de los proyectos mineros en el territorio.
Las organizaciones también cuestionaron las reuniones “a medida” organizadas por el supuesto enlace de medio ambiente de la candidata Claudia Sheinbaum con la industria minera, donde, según afirmaron, los lobistas y miembros tanto de la Cámara Minera como de Grupo México sugieren que la nueva Ley Minera será descartada y se elaborará otra en colaboración con las empresas que deben ser reguladas.
Además, la Colectiva Cambiémosla Ya acusó a la Secretaría de Economía de no cumplir con su obligación de publicar el reglamento para acompañar la entrada en vigor de la nueva Ley de Minería, dado que han pasado 365 días desde el plazo de 180 días estipulado para su publicación, y “el retraso no tiene justificación”.
Subrayaron la necesidad de que el reglamento establezca de manera clara las obligaciones derivadas de las concesiones mineras vigentes, otorgadas antes de la aprobación de la Ley de Minería de 2023.
