Primero de junio: ¿qué se vota?

Por Néstor

Estamos ante un hecho histórico. Este domingo 1 de junio se votará por primera vez en el México moderno por el poder judicial, una elección que ha tenido poca difusión ha despertado un gran desinterés por parte de la población y ha generado un profundo enojo, especialmente en los grupos de poder dentro del ámbito político de nuestro país.

Vayamos por partes. Este 1 de junio se elegirán:

• 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• 2 magistrados vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
• 15 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
• 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
• 464 cargos para magistraturas de circuito.
• 386 jueces de distrito.

Dentro de este amplio espectro de personas a elegir se encuentran mujeres y hombres encargados de hacer valer la justicia en nuestro país. Aquí surge una pregunta válida: ¿para qué hace falta que votemos por jueces y magistrados? Si nunca se había hecho, ¿y si ni siquiera sabemos en qué consiste su labor? En efecto, el poder judicial es el más “poderoso” de los tres que existen en nuestro país, ya que es el encargado de ejecutar la última palabra y tiene la capacidad de incluso destituir a personas elegidas por el pueblo. Es también quien vela por la constitución y la legalidad de nuestros actos. Su función principal es administrar la justicia, resolver conflictos entre personas y entre autoridades, y proteger los derechos humanos y los derechos político-electorales. Suena bien, ¿no?

Entonces, ¿para qué elegir este “monstruo” que es el poder judicial mediante el voto popular?

En resumen, la reforma al Poder Judicial en México busca modernizar y fortalecer la justicia federal, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana, con el objetivo de garantizar la justicia a favor del pueblo.

Para poner en contexto, nadie ignora que el poder tiende a corromperse en nuestro país. Incluso el denominado “poder más poderoso”, como lo llaman algunos abogados, atraviesa una grave crisis de credibilidad social, no sólo por la confianza en la ejecución de la justicia, sino también por los procedimientos que deberían legitimar su funcionamiento. En pocas palabras, ya no creemos en el poder judicial que persiste en México, que ha pasado a convertirse en un lastre ejecutor de interpretaciones jurídicas aplicadas como legalidad y respaldadas por instrumentos administrativos poco claros. Esto, sin contar los vicios internos en los procesos de carrera dentro del mismo poder.

Durante años, el poder judicial en México acumuló tanto poder y se ejecutó con tal libertad que se dotó de garantías para explotar su posición, generando una élite impenetrable que vivía bajo un manto protector. Sí, no todas y no todos, pero en su mayoría, una gigantesca bola de nieve que incluso ha permitido que familias enteras perpetúen sus intereses y patrimonios, directa o indirectamente, a través del nepotismo en la “judicatura”.

Según un informe de Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción, presentado ante el Consejo de la Judicatura y los ministros de la Suprema Corte, al menos 500 jueces y magistrados tienen trabajando a esposas, hijos y otros familiares en tribunales y juzgados, en al menos 31 circuitos judiciales, es decir, más de 7,000 servidores públicos. (https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/).

Pero vamos más allá y pensemos en la voluntad popular, que muchos dentro del poder judicial han ignorado y vulnerado.

¿Qué dice el pueblo?

En México, existe un clamor popular que se refleja en la frase: “La justicia es para quien pueda pagarla”. Y, lamentablemente, esto tiene un fundamento. No hay mayor temor para cualquier persona en este país que enfrentarse a un proceso judicial y el costo que esto representa. Por eso, la otra máxima popular: “solo están en la cárcel los que no tienen para un buen abogado” (o para el juez). La justicia en México atraviesa un momento sumamente oscuro, donde poderosos empresarios que nunca han querido pagar impuestos, que han abusado de los trabajadores y que ejercen su poder desde ligas fácticas que transgreden los tres poderes, logran evadir procesos judiciales con carpetazos o con pagos risibles en ocasiones. Incluso miembros de organizaciones criminales, gracias a sus contactos, logran obtener penas menores o incluso ser procesados en cárceles de baja seguridad, o, en algunos casos, siguen impunes a través de la figura del amparo, que nació con la finalidad de proteger, pero no a criminales. Pero, ¿quién interpreta la justicia?

Es importante señalar que, desde que se dio la reforma al poder judicial, no sólo los partidos políticos de la oposición (que gobernaron durante 70 años) quienes la rechazaron, sino también algunos del actual régimen, así como empresarios de gran poder. Lo hicieron con el argumento elitista de que “no cualquiera puede ser juez”, como si sólo un grupo selecto de amigos facciosos y corruptos pudiera decidir quién debe ejecutar la legalidad en México. Esta camarilla elitista, dueña de enormes recursos y con intereses en mantener la brecha de desigualdad, teme que el pueblo pueda seguir tomando decisiones. Es por esto que, a través de sus hilos en el Tribunal Electoral, y con la colaboración de instituciones como el INE, intentaron minimizar y desinformar sobre este proceso electoral.

¿Cómo es posible que no se difunda suficientemente una elección tan importante como la del poder judicial? ¿No debería ser este un tema cubierto en todos los canales de televisión, radio y prensa? Incluso deberían haberse organizado debates públicos y otras actividades, pero estos fueron prohibidos bajo pretextos como la falta de presupuesto y dificultades en la organización. Sin embargo, ¿acaso no es el INE quien debería tener la capacidad de colaborar con universidades, organizaciones y canales de comunicación para garantizar una mayor difusión de este proceso?

Don “Balta”

Es por todo esto que cuando Baltazar me preguntó si valía la pena salir a votar y “buscar cómo entenderle a eso”, le respondí: “Balta, tienes la oportunidad histórica de conocer quién va a impartir justicia, puedes elegir a quien te gustaría que tomara esa responsabilidad. No sigas eligiendo a los mismos de siempre, esos a quienes ni siquiera conoces por su nombre, esos a quienes no les importas, esos para quienes eres sólo un expediente más”.

¡Ojo! No todo es perfecto. Podemos equivocarnos. ¿Qué pasa si el juez elegido por Baltazar no es lo que esperaba? Digamos que ese juez tiene que decidir en un caso en el que Baltazar demandó una indemnización a su empleador. El juez, de manera facciosa, decide fallar a favor del empleador. En democracia, los fallos humanos existen, y no todo sale como uno espera. Sin embargo, lo importante es que en democracia tenemos la oportunidad de redimirnos. Podemos revisar a fondo por quién ejercemos nuestro voto en futuras elecciones. Y, por otro lado, existe la posibilidad de elegir a una nueva clase de jueces, a una clase popular, que entienda y comparta los sentimientos de la gente, algo que hoy le falta al poder judicial.

Así que, salgamos a votar este 1 de junio, el próximo domingo. Revisemos cuidadosamente a quiénes vamos a confiar la justicia y seamos testigos de este primer ejercicio popular para democratizar el poder más opaco de nuestro país, que busca salir a la luz y encontrar la fuerza para avanzar.

Para más información, consulta la siguiente liga: https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/.

¡Nos leemos la próxima semana para analizar cómo le fue a esta jornada!