Con el propósito de reforzar el combate al robo de vehículos y frenar las actividades delictivas vinculadas, la diputada Arely Berenice Ruiz López presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa para que se persigan de oficio la posesión y alteración de automóviles robados, sin necesidad de denuncia por parte de las víctimas.
Reforma al Código Penal Estatal
La propuesta legislativa plantea adicionar las fracciones VI y VII al artículo 207, y modificar el segundo párrafo del artículo 237 del Código Penal estatal. El objetivo es que las siguientes conductas sean perseguidas automáticamente por las autoridades:
- Fracción VI. Alterar, modificar, falsificar, sustituir o suprimir por cualquier medio la numeración o serie que identifica a un vehículo robado o a sus partes, o realizar cualquier acción para ocultar su identidad original.
- Fracción VII. Detentar, poseer, utilizar, transitar o custodiar un vehículo con reporte de robo.
Combate a la impunidad
La diputada Ruiz López señaló que esta medida busca cerrar espacios a la impunidad, ya que muchos delitos de este tipo quedan sin castigo debido al miedo, desinformación o falta de interés de las víctimas para presentar una denuncia formal.
“Con esta reforma, las autoridades estarán obligadas a investigar y judicializar estos delitos, aun cuando no exista una denuncia previa”, subrayó.
Vehículos robados como crimen organizado
Durante la presentación de la iniciativa, Ruiz López explicó que el robo de vehículos ha evolucionado y dejado de ser un delito aislado para convertirse en parte de un esquema delictivo estructurado, operado por células del crimen organizado.
“En estos grupos, las tareas están fragmentadas: unos despojan a la víctima, otros trasladan el vehículo, lo desmantelan y comercializan las autopartes, o bien lo usan para cometer otros delitos”, detalló la legisladora.
Una herramienta jurídica clave
La propuesta también busca fortalecer el marco legal para frenar la venta ilegal de autopartes y el uso de vehículos robados en la comisión de delitos, dotando a las autoridades de una herramienta jurídica más eficaz y oportuna.
“La persecución de oficio permitirá actuar de manera más rápida y decidida contra quienes alteran o utilizan vehículos robados, reduciendo así la impunidad y protegiendo a la ciudadanía”, concluyó Ruiz López.
