En el contexto de críticas por falta de austeridad en el Poder Judicial, Morena anunció que la elección popular de aproximadamente 1,600 jueces y magistrados podría tener un costo de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos. Durante el tercer día de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, el líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, detalló que, tras analizar la propuesta con actuarios y personal del Instituto Nacional Electoral (INE), se determinó que este gasto millonario se realizaría “por única ocasión” para la elección de nuevos juzgadores.
Monreal Ávila explicó desde un foro en Toluca, Estado de México, que estos fondos podrían provenir de los 23 mil millones de pesos de fideicomisos que serán entregados a la Tesorería. Además, advirtió que la reforma propuesta implicará que los actuales ministros de la Suprema Corte que terminen su mandato no recibirán el haber de retiro, el cual puede alcanzar los 300 mil pesos mensuales, y lo mismo aplicará para las pensiones complementarias de magistrados y jueces.
El senador aseguró que, a pesar de estas modificaciones, los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación serán completamente respetados. Los presupuestos de egresos incluirán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos y otras prestaciones laborales.
Durante el evento, que también contó con la participación de representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y trabajadores del Poder Judicial, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, expresó que no se puede hablar de austeridad ante las carencias en la impartición de justicia. Subrayó la necesidad de suficiencia presupuestal y racionalidad del gasto para acercarse a estándares internacionales y mejorar el acceso a la justicia.
Sergio Arturo López Servín, secretario de Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, planteó que se debe reflexionar sobre el sistema de elección de juzgadores propuesto, destacando que la administración de justicia no puede dejarse en manos de improvisados.
El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro enfatizó que la reforma no solo modifica los derechos laborales de más de 50,000 servidores públicos del Poder Judicial, sino que también debe centrarse en la protección efectiva de los derechos humanos y la calidad de la justicia. Recalcó que México necesita una justicia eficiente e imparcial, lo que requiere recursos estables y adecuados.
Por su parte, Carolina Denysee Villagrán Salinas, visitadora judicial del Consejo de la Judicatura, defendió la necesidad de dignificar la labor judicial para recuperar la confianza del pueblo mexicano, destacando que la austeridad debe ser racional y no comprometer la calidad de la administración de justicia.
