Ciudad de México. La Jefa del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará este lunes 21 de abril ante el Congreso de la Unión la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una propuesta que busca armonizar a nivel nacional la reforma constitucional aprobada en materia de simplificación administrativa y digitalización.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que esta legislación garantizará que las nuevas disposiciones sean obligatorias no solo a nivel federal, sino también en los gobiernos estatales y municipales.
“Queremos tener un catálogo de trámites tanto a nivel municipal como estatal; es decir, que los mismos trámites existan en todo el país”, subrayó Peña Merino.
La iniciativa parte del diagnóstico de que cada entidad federativa maneja en promedio 580 trámites, aunque algunos estados tienen más de mil y otros menos de 400. A nivel municipal, la media es de 144 trámites. Esta heterogeneidad, indicó el funcionario, afecta directamente la interacción con la ciudadanía y abre espacio a la discrecionalidad y la corrupción.
Los seis pilares de la nueva Ley
Los capítulos que componen la iniciativa delinean un modelo integral de transformación digital:
- Autoridades responsables de simplificación y digitalización
- Modelo nacional para eliminar trámites burocráticos
- Modelo nacional para digitalizar trámites
- Modelo nacional de homologación de trámites
- Modelo nacional de atención ciudadana
- Desarrollo de capacidades tecnológicas públicas
La base jurídica de esta propuesta se encuentra en las reformas constitucionales aprobadas por 22 congresos estatales y la Ciudad de México, a través del decreto que modifica el artículo 25 (párrafo décimo) y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución.
Desde el Senado de la República, se destacó que la digitalización será una herramienta clave para fortalecer la transparencia y disminuir la corrupción. Todos los niveles de gobierno estarán obligados a aplicar políticas de simplificación, buenas prácticas regulatorias y fortalecimiento tecnológico.
“Se trata de resolver problemas estructurales en la gestión pública para agilizar trámites, mejorar servicios y recuperar la confianza ciudadana”, sostiene el comunicado del Senado.
