Ciudad de México, diciembre de 2024.–En una decisión unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la figura de la “prisión vitalicia” prevista en el Código Penal del estado de Chihuahua, al considerarla contraria al modelo de reinserción social establecido en el artículo 18 de la Constitución mexicana.
La resolución
El fallo, basado en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, invalida el artículo 127, párrafo segundo, del Código Penal de Chihuahua, que estipulaba prisión vitalicia para personas condenadas por homicidio doloso de tres o más personas.
La Corte resolvió que esta pena es incompatible con los principios constitucionales, ya que el sistema penitenciario debe garantizar mecanismos que permitan la reintegración de las personas sentenciadas a la sociedad, lo cual es imposible bajo una pena de reclusión de por vida.
Impacto del fallo
La decisión surge a raíz de un amparo directo promovido contra una sentencia emitida en 2014 por el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. Si bien el fallo invalida la pena de prisión vitalicia, no implica que las personas sentenciadas por estos delitos sean exoneradas.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena aclaró que los jueces deberán reevaluar las penas aplicables en cada caso, considerando el rango de 20 a 50 años de prisión previsto para el delito de homicidio calificado en el mismo código penal, vigente al momento de los hechos.
Postura de la SCJN
Durante la sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa subrayó que la pena perpetua contradice el modelo constitucional de reinserción social, que requiere ofrecer a las personas privadas de su libertad oportunidades educativas y laborales para su eventual reintegración.
No obstante, enfatizó que la inconstitucionalidad de la prisión vitalicia no implica impunidad para los crímenes cometidos, pues las sanciones deben ajustarse a los marcos legales que respeten los principios de proporcionalidad y justicia.
Implicaciones
Este fallo establece un precedente importante en la interpretación del modelo penitenciario mexicano, reafirmando la importancia de garantizar penas proporcionales que no anulen la posibilidad de reintegración social. La SCJN continúa siendo un actor clave en la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de los principios constitucionales en el sistema de justicia penal.
