Ciudad de México.– A casi 30 años del rescate bancario iniciado en 1995, el gobierno federal continúa endeudándose para cubrir los pasivos del Fobaproa, hoy transformado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). En 2025, la deuda emitida para este fin alcanzará los 254 mil 400 millones de pesos, según reportes de la Secretaría de Hacienda.
Fobaproa, una deuda privada que sigue pagando el Estado
El Fobaproa fue instaurado durante la presidencia de Ernesto Zedillo como un mecanismo para rescatar a bancos quebrados por la crisis financiera de los años 90. Aunque se prometió que sería una medida temporal, tres décadas después el costo sigue presente en las finanzas públicas.
Para este año, el IPAB debe pagar 239 mil 163 millones de pesos en vencimientos, lo que obliga a colocar más deuda en los mercados financieros para refinanciar esos compromisos. En el primer trimestre, ya se pagaron 107 mil millones, de los cuales 80 mil millones fueron a capital y más de 26 mil millones a intereses.
El negocio de la deuda: bancos, Afores e inversionistas extranjeros
Desde 2022, los bonos del IPAB pueden ser adquiridos por pequeños ahorradores a través de Cetes Directo, pero antes eran exclusivos de grandes inversionistas institucionales, como bancos y Afores. Irónicamente, muchas de las instituciones financieras que fueron rescatadas en los 90 hoy reciben intereses por los bonos que el Estado emite para pagar ese mismo rescate.
La deuda del IPAB ya no está compuesta por créditos bancarios, sino por bonos colocados en los mercados, lo que transforma la naturaleza del pasivo y prolonga su vida útil: mientras en 1999 el 100% de la deuda era con instituciones de crédito, en 2024 es completamente financiera.
¿Cómo se financia el IPAB?
Para operar en 2025, el IPAB cuenta con ingresos por 83 mil 400 millones de pesos, provenientes de:
- 52 mil 500 millones del presupuesto federal (Ramo 34)
- 24 mil 400 millones de cuotas bancarias
- 6 mil 600 millones por intereses de inversiones recuperadas
Aun con estos ingresos, se proyecta que el instituto emitirá 55 mil 900 millones de pesos en el segundo trimestre, como parte de un esquema legal que permite refinanciar deuda exclusivamente para mejorar condiciones de pago y dar liquidez a los bonos.
