El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que busca terminar con las llamadas “pensiones doradas” que reciben ex funcionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y organismos públicos.
La modificación al Artículo 127 de la Constitución fue avalada con 116 votos de todas las fuerzas políticas y establece que ninguna pensión en el sector público podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
Con esta reforma, pensiones que actualmente alcanzan más de un millón de pesos mensuales se reducirían a alrededor de 70 mil pesos una vez que la medida sea promulgada.
Buscan frenar privilegios en el sector público
Durante la discusión, legisladores de Morena argumentaron que existen fuertes desigualdades en el sistema de pensiones del sector público, donde algunos ex funcionarios reciben montos muy superiores a los que perciben la mayoría de los jubilados en México.
El senador Saúl Monreal explicó que mientras la pensión promedio en el país oscila entre 6 mil 676 y 8 mil 400 pesos mensuales, hay casos dentro de empresas públicas donde se pagan entre 340 mil y hasta un millón de pesos al mes.
“Esta reforma busca poner orden en el sistema de pensiones y eliminar privilegios que representan una carga excesiva para el erario”, señalaron legisladores del bloque mayoritario.
Casos en Luz y Fuerza, Pemex y CFE
Durante el debate se mencionaron ejemplos de pensiones elevadas en diversas entidades públicas.
En Luz y Fuerza del Centro, el padrón de jubilados asciende a 14 mil 073 extrabajadores, con un costo anual para el Estado de 28 mil millones de pesos. De ese total, 67% recibe pensiones que van de 100 mil a un millón de pesos mensuales.
En Pemex, existen 22 mil 316 jubilados del régimen de confianza, lo que implica un costo anual de 24 mil 844 millones de pesos. Dentro de ese universo, 618 pensiones superan el salario anual del director general de la empresa.
Por su parte, la CFE cuenta con 54 mil jubilados del régimen de confianza, cuyo costo anual alcanza 40 mil 950 millones de pesos. De ellos, 2 mil 199 reciben pensiones superiores al salario de la presidenta de la República.
Oposición respalda, pero pide ampliar reforma
Aunque PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron a favor, legisladores de estos partidos consideraron que la reforma quedó incompleta.
Argumentaron que el límite a pensiones también debería aplicarse a altos mandos de las fuerzas armadas, funcionarios de toda la administración pública federal y ministros retirados de la Suprema Corte.
También plantearon dudas sobre la aplicación retroactiva de la reforma, tema que fue rechazado por los legisladores de Morena.
Los presidentes de las comisiones dictaminadoras, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, aclararon que la reforma no obliga a devolver pensiones ya cobradas, pero sí establece que las pensiones vigentes deberán ajustarse al nuevo límite cuando entre en vigor la reforma.
Ahorro estimado
Durante la discusión se estimó que la reducción de estas pensiones podría generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos mensuales para el Estado.
La reforma fue aprobada en lo particular con 115 votos a favor y seis abstenciones, y ahora fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.
