Antes que nada, lamento profundamente lo que le sucedió al diputado Sergio Torres Félix y a la diputada Elizabeth Montoya. Ninguna persona debería pasar por un ataque armado ni por la violencia que se vive en el estado. Nadie merece ser víctima de un hecho así, sin importar su cargo o posición.
En Sinaloa hay madres buscadoras que se se autofinancian. Hay víctimas que esperan meses para recibir apoyo psicológico. Hay familias que peregrinan entre oficinas para que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas les reconozca lo mínimo: su calidad de víctimas.
Y en medio de esa realidad, se confirma públicamente que la atención médica de Sergio Torres Félix tras el atentado que sufrió está siendo cubierta con recursos de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
La pregunta no es si fue víctima de un delito. Lo fue. Y como cualquier persona, tiene derecho a recibir atención.
La pregunta de fondo es otra:
¿qué pasa con su esquema de atención médica?
Es cierto: actualmente el Congreso del Estado de Sinaloa ya no otorga seguro de gastos médicos mayores a las y los diputados; ese beneficio fue eliminado. Sin embargo, eso no cancela la discusión.
Un legislador tiene un salario público considerable. ¿No gana lo suficiente como para contratar un seguro de gastos médicos mayores por cuenta propia? ¿Cuenta con seguridad social institucional, como el ISSSTE u otro esquema público (porque las y los diputados lo pueden solicitar)?
Y aun así, ¿por qué se recurre a un fondo pensado originalmente para personas en condiciones de mayor vulnerabilidad y sin red de protección?
Lo que se ha dicho públicamente es que los gastos —incluida atención en hospitales privados— se cubren con presupuesto destinado a víctimas. Este punto es clave en la problemática de Sergio Torres y los recursos para la atención víctimas. No hay cifras claras, no hay desglose público, no hay transparencia sobre montos. Solo confirmaciones generales y una creciente indignación social.
Y esa indignación no es abstracta. En redes sociales, la ciudadanía cuestiona que mientras hay víctimas que no reciben apoyos básicos, en este caso sí se estén liberando recursos con rapidez. Otros recuerdan casos de jóvenes y familias víctimas de la violencia que tuvieron que endeudarse por cientos de miles o incluso millones de pesos para pagar hospitales privados sin recibir respaldo institucional. También se repite una frase que duele: “parece que hay víctimas que valen más que otras”.
Colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas han señalado algo que no puede ignorarse: mientras víctimas comunes son canalizadas a sistemas saturados, un actor político recibe atención privada cubierta con recursos públicos etiquetados para reparación y apoyo emergente. No se trata de negar atención médica a nadie. Se trata de preguntarnos si el criterio es igual para todos.
Y aquí hay otro punto grave que han denunciado colectivas de madres con hijos desaparecidos. Aunque existe presupuesto asignado a la Comisión de Búsqueda y a la Comisión de Atención a Víctimas, en la práctica esos recursos no se están traduciendo en apoyos reales.
Se les niegan traslados, viáticos, hidratación y materiales básicos para acudir a búsquedas. Incluso, para recibir atención médica, la propia Comisión de Víctimas debe “pedir permiso” para liberar recursos, convirtiendo un derecho en una autorización discrecional.
Las familias aseguran que actualmente se les está negando absolutamente todo bajo el argumento de que “hay muchos gastos”.
La ley es clara. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece la obligación del Estado de garantizar recursos materiales, seguridad y acompañamiento sin dilación. No es un favor institucional, es un derecho.
Sin embargo, las buscadoras están organizando rifas, vendiendo agua en cruceros y solicitando apoyo a diputados para poder trasladarse a los sitios donde podrían estar sus hijos. Cuando las familias tienen que financiar búsquedas que le corresponden al Estado, el problema no es falta de presupuesto: es falta de voluntad y transparencia en su ejercicio.
Cuando un fondo nace para atender a personas en condición de vulnerabilidad —muchas de ellas sin respaldo político, sin voz mediática— y termina cubriendo la hospitalización privada de un legislador, el mensaje que se envía es devastador: incluso dentro del dolor, hay categorías.
No hay cifras oficiales publicadas. No hay transparencia detallada. Y mientras no la haya, la sospecha crecerá.
La atención a víctimas no puede convertirse en un fondo flexible para casos de alto perfil. No puede ser un recurso que se active con distinta velocidad según el cargo público de quien lo solicita. Porque si eso ocurre, la reparación deja de ser un derecho y se convierte en privilegio.
La verdadera discusión no es contra una persona. Es contra un sistema que, incluso en la tragedia, sigue reproduciendo desigualdad.
Y esta conversación de Sergio Torres y los recursos para la atención víctimas —incómoda pero necesaria— apenas comienza.
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