La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la extradición de 37 presuntos criminales a Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano, avalada por el Consejo Nacional de Seguridad y realizada a partir de solicitudes formales del Departamento de Justicia estadounidense, aunque —según dijo— bajo criterios definidos exclusivamente por México.
En conferencia de prensa, la mandataria rechazó que la entrega de los 37 individuos tuviera relación con su reciente llamada con el presidente Donald Trump y subrayó que las determinaciones en materia de seguridad no se toman para “quedar bien” con gobiernos extranjeros. “Se pone primero la conveniencia y la seguridad del país”, afirmó.
Sheinbaum explicó que cada extradición se analiza de forma individual, atendiendo criterios de seguridad nacional, seguridad pública y respeto a la soberanía, y aseguró que la coordinación con Estados Unidos se mantiene dentro de los márgenes legales y constitucionales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), los 37 extraditados estaban vinculados a delitos de alto impacto y su traslado se realizó conforme a protocolos institucionales y acuerdos bilaterales.
En paralelo, la presidenta abordó la polémica generada por la presencia en México de un avión militar estadounidense Hércules C130, el cual aterrizó en Toluca sin que mediara autorización del Senado. Sheinbaum aclaró que dicho permiso no era requerido, ya que la aeronave no transportaba tropas ni armamento, sino únicamente a su tripulación y a personal civil de la SSPC que se dirigía a Estados Unidos para recibir capacitación.
La mandataria señaló que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y que el uso de un aeropuerto civil no constituye ninguna irregularidad legal. No obstante, anunció que, en adelante, los traslados de personal mexicano para capacitaciones en Estados Unidos se realizarán exclusivamente en aeronaves nacionales, evitando el uso de naves extranjeras.
Aunque el discurso presidencial insiste en la defensa de la soberanía, ambos episodios vuelven a colocar bajo escrutinio la línea que separa la cooperación bilateral de la dependencia operativa. La narrativa oficial subraya autonomía y control, pero las decisiones adoptadas —extradiciones masivas y uso de logística militar extranjera— evidencian que la relación con Estados Unidos sigue marcando, en los hechos, el rumbo de la política de seguridad mexicana.
