Por Redacción Política
Ciudad de México, 5 de abril de 2025
En un gesto que ha sido calificado como “necesario y sensible” por senadores y defensores de derechos humanos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, decidió detener temporalmente la discusión legislativa sobre las iniciativas en materia de personas desaparecidas, con el objetivo de incorporar directamente las propuestas de colectivos de familiares y madres buscadoras.
El anuncio se dio tras los primeros acercamientos entre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y representantes de diversos colectivos de búsqueda, quienes manifestaron su preocupación por el contenido de las iniciativas presentadas al Congreso. Estas agrupaciones exigieron ser escuchadas y formar parte activa en la construcción de una nueva ley que realmente atienda la compleja crisis de desapariciones que vive el país.
“No se legislará sin escuchar a las familias”
La presidenta Sheinbaum instruyó a Gobernación a que abra un proceso de consulta y diálogo con los colectivos antes de que el Senado avance en la dictaminación. En este contexto, el Senado de la República suspendió el debate sobre las iniciativas que buscaban reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el tema será pospuesto hasta un periodo extraordinario —posiblemente después de junio o incluso hasta septiembre— para permitir el diálogo abierto y el rediseño participativo de las reformas. “Nos parece una espléndida decisión que Gobernación sea el conducto para recibir a las madres buscadoras y que sus planteamientos se integren, sin que haya un uso partidista de su dolor”, señaló.
Coincidencias políticas y respaldo a la decisión
Senadores de diversas bancadas celebraron la decisión del Ejecutivo. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez, indicó que “el tiempo apremia, pues al actual periodo de sesiones le quedan menos de 20 días efectivos”. Por ello, respaldó la idea de esperar para legislar con base en un proceso más sólido y participativo.
Por su parte, el senador independiente Manlio Fabio Beltrones también reconoció como positiva la sensibilidad mostrada por la presidenta al no imponer una ley sin antes escuchar a las familias directamente afectadas. “Esta es una oportunidad para corregir errores de fondo y avanzar hacia una ley verdaderamente integral y humana”, expresó.
Colectivos celebran pero exigen ser incluidos en todo el proceso
Colectivos de madres buscadoras y organizaciones de derechos humanos han recibido con cautela pero con esperanza este giro en el proceso legislativo. Aunque valoran que el gobierno haya detenido el trámite de las iniciativas, exigen que la consulta no sea simbólica y que sus aportes se vean reflejados concretamente en el articulado final.
“Durante años hemos sido ignoradas. Esta vez, si nos van a escuchar, tiene que ser de verdad. Nosotras somos quienes conocemos la realidad del territorio, de la omisión institucional, de la búsqueda con las uñas”, declaró Miriam López, representante de un colectivo en Jalisco.
El trasfondo: una crisis de más de 114 mil personas desaparecidas
México enfrenta una crisis sin precedentes en materia de desapariciones. De acuerdo con cifras oficiales, más de 114 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en el país, muchas de ellas desde hace más de una década. La respuesta institucional ha sido duramente criticada por organismos internacionales y por los propios familiares, quienes denuncian omisiones, negligencia y revictimización por parte de autoridades.
El Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda han enfrentado recortes presupuestales y, en algunos casos, obstáculos burocráticos para operar eficazmente. En este contexto, la nueva legislación propuesta por el Ejecutivo ha generado intensos debates: algunos sectores ven en ella una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado; otros temen que pueda centralizar excesivamente el control y debilitar la autonomía de los mecanismos de búsqueda.
Una pausa necesaria para construir con las víctimas
La decisión de posponer el debate legislativo parece abrir una nueva etapa, en la que el gobierno busca reconfigurar su relación con las víctimas. La posibilidad de una ley construida desde el dolor, pero también desde el conocimiento y experiencia de las familias, podría marcar un punto de inflexión en la forma en que el Estado mexicano enfrenta esta crisis humanitaria.
Por ahora, el Senado ha optado por detener el reloj legislativo. Pero la urgencia permanece. La esperanza, esta vez, es que se legisle con el corazón y la verdad de quienes llevan años buscando bajo el sol, en fosas, campos, montes… y en silencio.
