El Congreso entra al debate por el futuro de la transparencia
El Congreso del Estado de Sinaloa dio el primer paso para redefinir el modelo de acceso a la información pública al dar lectura a tres iniciativas de reforma constitucional que plantean caminos distintos sobre cómo garantizar este derecho fundamental, en un contexto marcado por la extinción del INAI a nivel federal.
Las propuestas —presentadas por el Ejecutivo estatal y por dos grupos de ciudadanas y ciudadanos— buscan modificar el artículo 109 Bis B, y una de ellas también el 109 Bis D, de la Constitución Política del Estado, abriendo un debate de fondo sobre la autonomía, la vigilancia ciudadana y el combate a la corrupción.
La propuesta del Ejecutivo: contralorías como garantes
La iniciativa enviada por el Gobierno del Estado plantea eliminar la base constitucional que sostiene a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para trasladar la responsabilidad del derecho a la información y la protección de datos personales a los órganos de control interno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos.
El argumento central es la armonización con la reforma federal de simplificación orgánica, publicada en diciembre de 2024, que ordena la desaparición de los organismos garantes de transparencia en las entidades federativas.
Cambios al Sistema Estatal Anticorrupción
En el mismo paquete de reformas, el Ejecutivo propone modificar la integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, incorporando nuevas representaciones como el Tribunal de Disciplina Judicial, y reforzando la coordinación entre instancias fiscalizadoras, de control interno y participación ciudadana.
Ciudadanía propone mantener la Comisión de Transparencia
La segunda iniciativa, impulsada por un grupo de ciudadanas y ciudadanos sinaloenses, propone una ruta opuesta: conservar la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y fortalecerla mediante la creación de un Sistema Estatal de Transparencia.
Este sistema funcionaría como un espacio de coordinación entre autoridades garantes de los distintos poderes y municipios, con participación ciudadana, evaluaciones anuales y alineación con la política nacional de transparencia.
Un modelo mixto: varias autoridades garantes
La tercera iniciativa ciudadana plantea eliminar la Comisión Estatal, pero sin concentrar funciones en una sola dependencia. En su lugar, propone un esquema de múltiples autoridades garantes, según el ámbito de cada poder, organismo autónomo, partidos políticos, sindicatos y entes laborales.
Destaca la creación de una autoridad garante local descentralizada, adscrita a la Contraloría del Ejecutivo, que operaría mediante un Pleno colegiado, designado por convocatoria pública y con amplias facultades para resolver recursos, sancionar incumplimientos y proteger datos personales.
Un debate que definirá el derecho a saber
Las tres iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, donde se analizará cuál modelo garantiza mejor la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
El resultado no es menor: de esta decisión dependerá cómo, ante quién y con qué autonomía podrán las y los sinaloenses exigir información pública en los próximos años, en un escenario nacional de profunda reconfiguración institucional.
