El reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project que mide la gobernanza y el cumplimiento de la ley, revela que el Estado de Derecho viene a la baja en Sinaloa.
El informe pone al estado en el lugar 21 a nivel nacional en materias como; normatividad laboral, ambiental, comercial y de salud pública. Sinaloa se encuentra muy por abajo del promedio en cumplimiento regulatorio. Lo cual pone de manifiesto las recurrentes practicas del influyentismo, la corrupción y el poco respeto por la ley.
Por otro lado, el Índice de Competitividad Estatal que produce el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su edición 2021 muestra los retrocesos que el Estado de Sinaloa ha sufrido en los últimos dos años.
El 34.5% de la población sinaloense se encuentra en pobreza multidimensional y otro 3% en pobreza extrema.
En la cobertura educativa, la tasa bruta de escolarización en nivel secundaria es 93% (en el lugar 17 de las 32 entidades).
En materia de seguridad, se estima que el 92% de los delitos que se cometen en el estado no son denunciados, lo que lo sitúa en el lamentable lugar 31 a nivel nacional.
