Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que la reforma al Poder Judicial continuará vigente y es legal. En una sesión del Pleno, los ministros desestimaron los argumentos presentados por los partidos PAN, PRI y MC, quienes cuestionaban la constitucionalidad de las modificaciones recientes al marco jurídico del Poder Judicial de la Federación.
El debate en el tribunal se centró en la posibilidad de que los partidos políticos pudieran presentar acciones de inconstitucionalidad para impugnar reformas constitucionales, pero la mayoría de los ministros concluyó que esa vía no es procedente. La votación reflejó una postura que previamente habían sostenido varios de los ministros, quienes ratificaron que las acciones de inconstitucionalidad no son el medio adecuado para declarar inválidas normas de carácter constitucional.
En un momento decisivo de la sesión, el ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que la SCJN carece de la facultad para intervenir en la determinación de los contenidos de la Constitución. Con esta postura, Pérez Dayán rompió el bloque de votos necesarios para invalidar partes de la reforma, consolidando así su vigencia. Las palabras del ministro generaron una intensa reacción en la ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien retomó la conducción del debate.
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, admitió que sin una mayoría calificada de ocho votos, el proyecto de invalidez no podía prosperar. Tras un breve receso, expresó que era “inútil” profundizar en el análisis de su proyecto cuando varios ministros ya habían expresado su oposición.
A pesar de esta decisión, la ministra Lenia Batres Guadarrama alertó que la desestimación podría abrir la puerta a futuros juicios de amparo sobre la reforma. No obstante, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, aclaró que la Constitución exige una mayoría de ocho votos para invalidar una reforma, y que en este caso, al no alcanzarse, la reforma se mantiene válida.
Con esta resolución, la SCJN establece que la reforma judicial sigue en vigor, y cualquier posible impugnación deberá seguir otros canales legales.
