Por E. Uriel Jarquín Garnett
Después de la maratónica sesión de la Cámara de Diputados en la que se desechó la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia energética el pasado 17 de abril, comenzó un intenso debate en torno al papel que jugó la oposición respecto a las motivaciones detrás de su voto en contra del proyecto de decreto por el que se reformarían diversos artículos de la Constitución.
Prácticamente de forma inmediata, la dirección nacional de Morena anunció que desplegaría una campaña de difusión para dar a conocer el nombre y rostro de los 233 diputados, hombres y mujeres, que votaron en contra, impidiendo alcanzar los 329 votos necesarios para su aprobación por mayoría calificada, bajo la consigna de haber traicionado el interés nacional.
A partir de entonces, la discusión pública se polarizó entre quienes defendemos que el voto del bloque opositor representa un acto que va en contra, no sólo del proyecto de gobierno actual, sino del interés nacional al mantener intacta la contrarreforma aprobada en 2013 que consumó uno de los principales objetivos del proyecto neoliberal de desarrollo: abrir el sector energético a la iniciativa privada y retirar al Estado como rector del mismo; y entre quienes, sostienen que su voto representó un voto a favor de la eficiencia del mercado y la conservación del medio ambiente.
A pesar de que el debate se ha llevado al plano penal al evocar el artículo 123 del Código Penal Federal que tipifica cuáles son las conductas que configuran el delito de traición a la patria, en esta ocasión quiero llevar la discusión a una dimensión que parece haber quedado en segundo plano: me refiero a la dimensión ideológica. Aunque la oposición ha tratado de encausar su argumentación señalando a la dirigencia nacional de Morena de incitar un discurso de odio en su contra, vale decir que la concepción bajo la cual el proyecto neoliberal implica una traición a la patria no es nueva y mucho menos es una ocurrencia de Mario Delgado o Citlalli Hernández, presidente nacional y secretaria general del partido gobernante, respectivamente.
Esta es una idea que ha acompañado a la izquierda mexicana desde finales de la década de los ochenta cuando se configuró el polo opositor al proyecto neoliberal con la fusión de la corriente nacionalista revolucionaria con las principales organizaciones partidistas de la izquierda socialista. Para esta izquierda, el neoliberalismo supuso una ruptura con el régimen que surgió de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, cuyo principal característica fue la defensa de la soberanía nacional –particularmente mediante la conservación de los recursos naturales estratégicos en manos del Estado– y las reformas de carácter social para mejorar las condiciones de vida de la población.
En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, –quien es tal vez el último caudillo de dicha izquierda– ha centrado la construcción de su proyecto alternativo de nación, desde 2005 hasta la fecha, en la oposición a la política neoliberal la cual identifica, entre otras cosas, como una política de saqueo de los bienes nacionales para entregarlos a intereses extranjeros. De esta manera, las privatizaciones han sido un factor determinante en la concentración de la riqueza y, por lo tanto, en la profundización de la desigualdad social.
De aquí se desprende que, en términos ideológicos, la defensa del proyecto neoliberal que encabeza el bloque opositor implica un atentado en contra del interés nacional al dar continuidad a la entrega de los recursos estratégicos a costa del bienestar de la población. Cabe mencionar que la reforma eléctrica presidencial constituía un plan para fortalecer la soberanía energética a partir de garantizar la preservación de la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación, y de reconocer el abasto de electricidad como parte del derecho humano a una vida digna por su impacto en el abatimiento de la pobreza social.
Por si no fuera suficiente, uno de los argumentos empleados por la oposición fue que dicha reforma atentaba contra otro derecho humano, el de acceso a un medio ambiente sano. Sin embargo, lo que no dijeron, es que al mantener la generación de electricidad a partir de energías renovables en manos de empresas privadas, particularmente extranjeras, el derecho humano a un medio ambiente sano deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía en la medida en que la única forma de acceder a electricidad sustentable es que el Estado la compre a la iniciativa privada.
Por último, quiero señalar que el bloque opositor busca desentenderse de la responsabilidad política y social de sus decisiones. Al escudarse en el falso argumento de un “discurso de odio” que atenta contra su integridad lo que buscan es evitar que la ciudadanía tome consciencia del papel que desempeñan sus representantes populares. Por años, los defensores de este modelo de desarrollo sacaron ventaja de la despolitización de la sociedad, al dar por sentado que una vez depositado el voto contarían con amplios márgenes de actuación ante una ciudadanía apática y desinteresada en los asuntos públicos. Hoy no podrían estar más equivocados.
Actualmente, oposición y gobierno, se encuentran cara a cara frente a una ciudadanía mucho más interesada y dispuesta a involucrarse en la toma de decisiones públicas. Si en 2014 la reforma política introdujo el principio de reelección para algunos cargos de elección popular como un supuesto mecanismo para “premiar” su desempeño, las decisiones que tomen hoy tendrán necesariamente repercusiones en la forma en que el electorado decida su voto en la próxima cita con las urnas. Sin duda el bloque mayoritario tendrá que reflexionar de manera autocrítica qué pasó, que no fue posible conseguir la mayoría calificada para sacar adelante el proyecto del presidente, pero la oposición parece ser quien tiene más miedo al escrutinio público y por eso se empeña en desviar la atención de su actos. Sin embargo, al final del día, la ciudadanía tendrá la última palabra.
