Washington.— El expresidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a recurrir al lenguaje del miedo y la amenaza ante un posible revés judicial. A días de que la Corte Suprema de Estados Unidos emita su fallo sobre la legalidad de varios aranceles impuestos durante su mandato, Trump advirtió que el país estaría en una situación “crítica” si los ministros determinan que actuó fuera de la ley.
Desde su red Truth Social, el exmandatario aseguró que una decisión adversa obligaría a Estados Unidos a reembolsar cientos de miles de millones de dólares, y que el costo podría escalar a billones, si empresas y países reclaman compensaciones por inversiones realizadas para evadir los aranceles. En su estilo habitual, Trump fue directo y vulgar: si la Corte falla en contra, “estamos jodidos”.
Aranceles, emergencia y poder sin límites
El fondo del caso no es menor. Durante su gobierno, Trump utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles generalizados a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, incluidos México, Canadá y China, bajo el argumento de “seguridad nacional” y combate al tráfico de drogas.
Sin embargo, durante las audiencias realizadas en noviembre, los propios jueces —tanto conservadores como progresistas— expresaron serias dudas sobre si esa ley realmente le otorgaba al Ejecutivo facultades tan amplias. El escepticismo judicial dejó ver que el problema no es solo económico, sino institucional: hasta dónde puede llegar un presidente usando la “emergencia” como excusa para gobernar sin contrapesos.
Un experimento económico con costo social
Más allá del lenguaje apocalíptico de Trump, lo cierto es que su política arancelaria elevó la tasa efectiva de aranceles de Estados Unidos a niveles no vistos desde la década de 1930, con impactos directos en precios, cadenas de suministro y relaciones comerciales. El costo no lo pagaron las élites financieras, sino consumidores, trabajadores y pequeñas empresas, tanto dentro como fuera del país.
La Corte Suprema aclaró que su decisión no afectará aranceles sectoriales específicos —como los del acero, aluminio y automóviles—, pero el fallo sí podría sentar un precedente clave: poner límites al uso discrecional del poder económico por razones políticas.
¿Defensa nacional o chantaje económico?
Trump intenta presentar el posible fallo como una amenaza a “Estados Unidos”, cuando en realidad se trata de un cuestionamiento a su forma de ejercer el poder. La pregunta de fondo no es si los aranceles benefician o no a la economía, sino si un presidente puede imponerlos saltándose al Congreso y abusando de figuras legales excepcionales.
Lo que está en juego no es solo dinero, sino el equilibrio entre poderes y el impacto real de decisiones económicas tomadas desde el ego político.
