El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha instruido a dos agencias de inteligencia para que enfoquen sus capacidades de vigilancia satelital en la frontera con México. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para combatir la inmigración irregular y el tráfico de drogas.
Las agencias involucradas son la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Ambas entidades, dependientes del Departamento de Defensa, son responsables de supervisar satélites espía y analizar imágenes para el Pentágono y otras organizaciones de inteligencia. Su participación en esta iniciativa, junto con el despliegue de tropas, refleja una creciente militarización de la frontera, donde el presidente Trump ha declarado una emergencia nacional.
Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el alcance de esta vigilancia, se sabe que el gobierno estadounidense ha utilizado durante años inteligencia artificial y drones para monitorear la frontera. Esta nueva iniciativa busca ampliar el uso de capacidades militares generalmente destinadas a conflictos en el extranjero. El gobierno podría emplear inteligencia artificial para identificar objetos o personas de interés mediante el análisis de imágenes satelitales y otras fuentes de datos, similar a las tácticas utilizadas por el Departamento de Defensa en zonas de combate.
Expertos han señalado que este enfoque podría plantear desafíos relacionados con la privacidad y las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses. Paul Rosenzweig, abogado especializado en seguridad nacional y derecho a la privacidad, comentó que, si las agencias se adhieren a la ley, solo deberían recopilar información del otro lado de la frontera, en territorio extranjero. Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional afirmó que todas las actividades de inteligencia son legales y autorizadas, y se llevan a cabo de manera que protegen las libertades civiles y la privacidad de las personas en Estados Unidos.
Esta medida se suma a otras acciones ejecutivas del presidente Trump destinadas a detener el tráfico y los cruces fronterizos no autorizados, así como a deportar a quienes se encuentran irregularmente en Estados Unidos, estimados en hasta 14 millones de personas. La participación de la NGA y la NRO en la vigilancia de la frontera sur subraya la importancia que la actual administración otorga a la seguridad fronteriza y al combate contra el narcotráfico.
