Por Carlos Arredondo
Se cumplen diez años de que estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Guerrero partieran con destino a las protestas para recordar el 2 de octubre, ¿quién imaginaría que este recorrido terminaría siendo uno de los sucesos que cambiarían la historia de nuestro país?, al disparar deliberadamente contra los autobuses de estudiantes de la Normal y contra un autobús donde viajaba el equipo de tercera división profesional de los Avispones de Chilpancingo, donde al menos 6 resultaron heridos y un jugador “el Zurdito” fallecería y al percatarse del error los sicarios sólo dirían “la cagamos” antes de huir.
El país sufrió una sacudida enorme, algunos especialistas dicen que de este hecho y sus innumerables protestas es que el partido hegemónico en México y el presidente en ese momento, Enrique Peña Nieto, perderían el control del país y por ende la siguiente elección presidencial.
En realidad, eso suena a poco con lo sucedido realmente. Las investigaciones primarias sobre el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa y a los Avispones ligaba a los jóvenes incluso con un carácter incriminatorio hacia los grupos de la delincuencia organizada, a más de uno se le hizo mención como parte de cárteles y que por su supuesta participación y ataques que serían perpetrados por ellos en contra de autoridades locales (los Abarca), identificadas con afinidades hacia otros grupos delincuenciales locales.
Pero el suceso no paraba en la masacre sucedida la noche del 26 y madrugada del 27, ni siquiera el que hubiera sido negada la atención médica en hospitales a los afectados, esa misma noche fue el hito que marcaría la historia reciente. Lo que hacía distinta esta masacre, y que partió al país, fue que serían desaparecidos 43 estudiantes que viajaban en los autobuses y que hasta la fecha no ha quedado claro cuál fue su destino.
Hoy después de la participación de grupos de investigación internacional, indagatorias de derechos humanos, la inclusión de las familias, del ingreso y egreso de ex autoridades locales y policiales a la cárcel, e incluso acusaciones contra fuerzas militares y grupos delincuenciales, podemos salir y recuperar la clara participación del estado mexicano que por desgracia, en esencia, es el culpable de lo sucedido la trágica noche en Iguala.
Tal como lo dijera el entonces subsecretario de la secretaría de gobernación, Alejandro Encinas, quien fungió la primera parte del gobierno de AMLO como el encargado de llevar a cabo la construcción y seguimiento de la comisión de la verdad para el caso de los 43 de Ayotzinapa, quien apenas a hace tan sólo un año en conferencia de prensa anunció algo que muchos sabíamos pero que por “gobernabilidad” o ponga usted el pretexto que guste, no había sido aceptado, FUE EL ESTADO. Encinas puso el dedo en la herida, no sólo reconoció lo que muchos sabíamos, pero otros tantos sabían y no podían reconocer por lo que esto significaría para el poder, y si bien es cierto esto no nos regresaría a los 43, sería un inicio para darles verdad y paz a las familias.
Encinas en su declaración dijo lo siguiente:
La junta de autoridades, presidida por el entonces presidente de la República, junto con funcionarios del más alto nivel del gobierno, que fue la responsable directa de la construcción de la llamada verdad histórica. Esta operación al más alto nivel constituye una segunda desaparición de los estudiantes por:
• Las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y la desaparición de los estudiantes.
• La participación con el grupo delictivo en la desaparición de los normalistas.
• La manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas.
• La creación de escenas del crimen.
• La obtención de declaraciones bajo tortura.
• La protección a los servidores públicos que participaron en los hechos.
• Mentir a los familiares de las víctimas y a la sociedad.
La comisión para la verdad presentada por el entonces subsecretario Encinas revelaría aún más datos, mostraría las diferencias entre la construcción de “la verdad histórica” (informe realizado por el gobierno de Peña Nieto) y los datos obtenidos a través de la comisión para la verdad, a continuación, un poco de ello:
1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región, autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería.
Por ello, la verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso.
Desgraciadamente, a poco menos de un mes de presentado este segundo informe sobre lo sucedido aquella lamentable noche, el subsecretario Alejandro Encinas en medio de un conflicto de días y de incluso un juicio donde fue citado a declarar contra miembros del ejército renunciaría al cargo en medio de las polémicas que se encontraba dicho informe y juicio que involucra las altas esferas del ejército y las instituciones mexicanas. Dicha renuncia sería lamentada por organizaciones de derechos humanos e incluso padres de los desaparecidos por cómo el entonces subsecretario generaba garantías y apertura, no sólo para escuchar sino involucrarse en el caso, revelar y aceptar por doloroso que pudiera ser la responsabilidad del estado mexicano.
El caso de los 43 de Ayotzinapa es el recordatorio de lo peor que puede sucedernos como sociedad, una deshumanización en marcada por una la frase “la cagamos” en manos de criminales operando sin saber a ciencia cierta para un entramado político-financiero-militar que en mas de un estado se repite. La noche del 26 de septiembre de 2014 es sin duda la noche más trágica de la época reciente, no sólo por lo que implica el desaparecer a 43 estudiantes y atentar contra deportistas, que dicho de paso, han quedado fuera de muchas de las narrativas de los políticos o “activistas” que se bañan con el dolor de estas acciones.
Una vez más “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y no sólo a los 43 sino a cada una de las personas desaparecidas en este país que sin temor a equivocarlos forman parte de familias que hoy están incompletas. Y aunque sucesos igual de alarmantes, incluso mucho más “virales” o llamativos a la luz pública sean el hoy por hoy la causa de raja periodística pop o viralidades mediocres de un público víctima de la infodemia y alarmado por la situación de violencia vivida en estados de nuestro país, así como los culiacanazos, lo vivido actualmente en Guanajuato o Jalisco, culmina otro sexenio, con otro gobierno completamente distinto o al menos en el papel lo fuere, pues aunque este gobierno valientemente reconociera la participación del estado y sus instituciones en la fatídica noche de Iguala, después de la renuncia de Encinas, el caso ha quedado nuevamente entrampado, aunque la secretaría de gobernación de este país logró avances y aporto datos como :
Las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala y el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR); un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.
A la par suman tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sobre el actuar de jueces, persisten decisiones contradictorias: 77 de 169 consignados liberados por tortura sin castigar a los torturadores. Se ordenó la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Se restó validez a pruebas de cooperación internacional, como las escuchas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y hubo falta de comprensión sobre testigos de identidad reservada y rechazo a la distorsión de voz e imagen por seguridad.
Quizá falte mucho para conocer la verdad completa, pero al menos hoy tenemos claro algo, “fue el estado”.
¡Hasta siempre!
