Por Eleana Carrasco | Mesa Reservada.Mx
Hace algún tiempo pregunté a las Sabuesos Guerreras si el caso de Abraham Hernández Picos, uno de los tres de Las Quintas, podía sumarse a las solicitudes que el colectivo presenta para exigir avances en investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas. La respuesta fue breve y devastadora: no podían hacerlo.
Para que el expediente volviera a moverse era indispensable que un familiar lo solicitara formalmente.
Terminé la conversación con una sensación difícil de explicar. Pensé en la ironía de un sistema que, después de casi tres décadas, seguía depositando el peso de la justicia sobre los hombros de una familia que ya había entregado casi todo. Como si el tiempo no hubiera hecho también su trabajo. Como si los padres no envejecieran. Como si la muerte esperara a que la burocracia terminara de llenar sus formatos.
La memoria es, a menudo, un negativo fotográfico que el tiempo se niega a velar por completo. Hay imágenes que, por más que la maquinaria del olvido y la burocracia intenten sobreexponerlas, regresan con una nitidez que lastima. Al pensar en Abraham Hernández Picos, la primera imagen que se revela en mi mente no es la de un expediente judicial que lleva treinta años acumulando papel, sino la de un compañero de escuela. Un niño con una sonrisa perpetua con el que compartí la cotidianidad y el espacio seguro de las aulas, antes de que su nombre, junto al de sus primos Jorge Cabada Hernández y Juan Emerio Hernández Argüelles, se convirtiera en una herida abierta en el rostro de Culiacán.
Hoy, 30 de junio de 2026, se cumplen exactamente treinta años de aquella madrugada en la colonia Las Quintas. Treinta años de mirar hacia un abismo institucional que nos devuelve la mirada con una indiferencia helada.
La desaparición de los tres de Las Quintas nos obliga a confrontar una verdad incómoda. No fue el daño colateral de una guerra contra el narcotráfico ni el resultado de una persecución política. Fue, presuntamente, el desenlace de una riña absurda en una fiesta donde el poder económico y las relaciones políticas parecieron imponerse sobre el Estado de derecho. Tres jóvenes desaparecieron. Treinta años después, nadie ha sido condenado.
Durante estas tres décadas, el Estado sinaloense ha perfeccionado el arte del simulacro. Siete investigadores, seis gobernadores y un desfile de procuradores y fiscales pasaron por el expediente sin ofrecer una respuesta definitiva. Lo único que pareció avanzar fue el calendario.
En 2021 llegó al poder el primer gobierno de izquierda en Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya. Para muchas familias representó la posibilidad de que casos históricos fueran revisados con una nueva voluntad política. Sin embargo, el de los tres de Las Quintas permanece prácticamente inmóvil. No porque exista una resolución judicial ni porque se haya encontrado la verdad, sino porque el propio procedimiento exige que un familiar solicite formalmente su reactivación.
La paradoja es brutal. El Estado sabe que quienes sostuvieron esa lucha durante décadas ya casi no están.
Norma Picos, madre de Abraham, murió en agosto de 2020 sin saber qué ocurrió con su hijo. En enero de este año falleció don Abraham Hernández, padre de Abraham y tío de Jorge y Juan Emerio. Fue el último de los padres buscadores que, cada aniversario, se plantaba frente a la casa de la familia Andrade para exigir respuestas.
La impunidad también envejece a quienes la enfrentan. Se instala en el cuerpo, en la salud, en la esperanza. Consume años, enfermedades y despedidas. Norma murió sin respuestas. Don Abraham también. Ninguno alcanzó a saber si sus hijos fueron cremados clandestinamente, como apuntó una línea de investigación, o si sus cuerpos permanecen ocultos bajo los escombros de una verdad que nunca terminó de excavarse.
El Estado apostó al desgaste.
Y el desgaste terminó ganando la carrera biológica.
Sin embargo, incluso el silencio tiene fisuras. Que, treinta años después, haya sido Yolanda Andrade, media hermana de Rommel Andrade —uno de los principales señalados por la familia Hernández—, quien hiciera un llamado público para que el caso se reabra y se investigue hasta las últimas consecuencias, demuestra que la verdad siempre encuentra la manera de reclamar espacio. Cuando la exigencia de justicia atraviesa incluso los vínculos familiares, queda expuesta la profundidad de una herida que ningún archivo temporal puede cerrar.
Recordar a Abraham, a Jorge y a Juan Emerio no es un acto de nostalgia. Es un acto de memoria. Es negarnos a aceptar que la desaparición también puede consumarse cuando dejamos de pronunciar un nombre.
Porque hay negativos que nunca dejaron de existir. La imagen siempre estuvo ahí.
Lo que el Estado ha mantenido durante treinta años en el cuarto oscuro no es únicamente el destino de Abraham Hernández Picos, Jorge Cabada Hernández y Juan Emerio Hernández Argüelles.
Ha mantenido en la oscuridad su propia responsabilidad.
Y mientras esa fotografía siga sin revelarse, la impunidad continuará siendo el retrato más nítido de este caso.
