Más de 70 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, y 43 millones enfrentan hambre. Esta situación afecta principalmente a mujeres, comunidades indígenas y residentes de zonas rurales, y está más relacionada con desigualdades en el acceso a los alimentos que con la falta de oferta, explicó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La falta de acceso a una canasta básica, en una región que es un importante exportador de alimentos, se debe a la configuración de las cadenas de suministro de alimentos a nivel global, a los precios de estos productos y a la incidencia de la pobreza, añadió en una conferencia de prensa. Salazar-Xirinachs enfatizó que el reto de reducir el hambre y la desnutrición en América Latina y el Caribe comienza con disminuir la falta de ingresos.
“La incidencia de la pobreza y pobreza extrema es mayor que hace diez años y esto en gran parte se debe al síndrome de bajo crecimiento que padece la región”, afirmó el titular de la Cepal. El crecimiento económico en la región ha sido en promedio de solo 0.8% anual en los últimos diez años, menos de la mitad del 2% de la Década Perdida. “Con tasas de crecimiento tan bajas, es sumamente difícil, por no decir imposible, reducir la pobreza e informalidad y crear empleo de calidad”, comentó.
Esto también complica abordar el hambre y el riesgo de inseguridad alimentaria en una región que enfrenta la paradoja de contar con 15 países exportadores netos de alimentos, pero cuyas estructuras económicas reflejan brechas de desigualdad. Los mercados internacionales son abastecidos por industrias agrícolas modernas y tecnificadas, mientras que el consumo interno es dejado a pequeños productores.
Lola Castro, directora regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (WFP), advirtió que América Latina y el Caribe se encuentran en una “encrucijada” al ser los principales exportadores de alimentos del mundo, pero con millones de personas en inseguridad alimentaria. Una parte de esta paradoja es que la región tiene la dieta saludable más cara del mundo, a un costo promedio de 4 dólares por día, lo que lleva a la coexistencia de desnutrición y obesidad en muchos hogares, alimentando una “crisis de salud pública”.
Durante la presentación del informe especial “Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe”, Mario Lubetkin, subdirector general y representante para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló que la inacción frente al hambre y la inseguridad alimentaria representa un costo promedio del 6.4% del PIB en la región, mientras que cerrar las brechas de acceso a dietas saludables cuesta alrededor del 1.5%.
Lubetkin resaltó que los últimos datos de la FAO muestran que el hambre en América Latina y el Caribe disminuyó en 3 millones de personas en 2022, llegando a 43 millones, pero aún queda un pendiente de erradicar esta problemática para 2030. La inseguridad alimentaria afecta al 37.5% de los latinoamericanos, por encima del promedio mundial de 29.6%.
En la presentación del informe elaborado por la FAO, la Cepal, el WFP y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Lubetkin enfatizó la importancia de alinear las políticas sociales, económicas y comerciales con los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe, especialmente cuando el gasto en alimentos representa el 22% del PIB regional.
