La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador coaccionó el voto de la ciudadanía y utilizó indebidamente los programas sociales durante el proceso electoral.
Según el fallo, en sus conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo de 2023, López Obrador violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, empleando recursos públicos y programas sociales de manera inapropiada. La Sala determinó que el presidente coaccionó el voto, promovió su imagen y difundió propaganda gubernamental en un periodo prohibido, al referirse al Plan C y la necesidad de una mayoría calificada en el Congreso para continuar con la por transformación del país.
“El uso indebido de programas sociales y la coacción al voto por parte del presidente es evidente, ya que sugirió que la continuidad de los beneficios de estos programas dependía de que una opción política específica obtuviera la mayoría en el Congreso”, señaló la Sala.
El Pleno consideró que estas declaraciones tuvieron un impacto electoral significativo, ya que fueron llamados a votar a favor de una opción política específica y en contra de otra, buscando influir en las preferencias ciudadanas.
La resolución responde a una queja presentada por el PRD contra el presidente y otros funcionarios públicos, incluyendo a Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como contra los partidos Morena, PT y PVEM. La Sala Especializada también confirmó el uso indebido de recursos públicos, señalando que López Obrador utilizó recursos humanos, financieros y materiales del Estado para organizar, realizar y transmitir sus conferencias matutinas, y para difundir sus mensajes en redes sociales.
Asimismo, se declaró existente la difusión de propaganda gubernamental en un periodo prohibido, ya que las declaraciones del presidente no se ajustaban a las excepciones permitidas durante la campaña electoral.
Claudia Sheinbaum también fue responsabilizada por vulnerar principios constitucionales al hacer comentarios relacionados con las declaraciones del presidente en una conferencia de prensa. Otros funcionarios implicados incluyen a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia; Sigfrido Barjau de la Rosa, titular del Cepropie; Jenaro Villamil, entonces presidente del SPR; Jessica Ramírez, directora general de Comunicación Digital; y Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento en la Coordinación de Comunicación Social.
Aunque se determinó la responsabilidad de López Obrador, la ley establece que el presidente no puede ser sancionado por infracciones electorales. En el caso de Sheinbaum, se remitió el asunto al Congreso de la Ciudad de México para que tome las medidas correspondientes. Para Villamil Rodríguez, el caso fue enviado al Órgano Interno de Control del SPR, y para los demás funcionarios públicos, al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República.
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Hay hijos de la guayaba, ningún mole les hace Digestión???