Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó una reforma al Artículo 123 Constitucional que busca garantizar el derecho de los trabajadores a una vivienda digna y económicamente accesible. La reforma fue aprobada por unanimidad, con 106 votos a favor, y ahora será revisada por los congresos estatales como parte del proceso legislativo. Este cambio permitirá que el Infonavit recupere la facultad de construir y arrendar viviendas, con el objetivo de fomentar una política de vivienda social en el país, sin fines de lucro ni intereses de mercado.
Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó su satisfacción ante el consenso de todas las fuerzas políticas y destacó que esta reforma abre la puerta a un programa integral de construcción, reparación y arrendamiento social, liderado por el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y con posibilidad de participación del sector privado. “Una verdadera política social en términos de vivienda”.
La reforma también establece que, en un plazo de seis meses, el Congreso deberá desarrollar leyes secundarias que regulen y detallen los aspectos operativos del nuevo esquema. Cantón Zetina destacó el compromiso de ajustar y atender las inquietudes de la oposición en esta fase de reglamentación.
Alfonso Cepeda Salas, senador y representante del magisterio, señaló que esta medida beneficiará a cerca de 55 millones de trabajadores en México, fortaleciendo las capacidades del Estado para garantizar viviendas adecuadas. Por su parte, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, resaltó que el cambio permitirá el acceso a créditos asequibles para adquirir o mejorar viviendas, además de ofrecer la opción de arrendamiento social, cuya renta no podrá exceder el 30% del salario del trabajador.
Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, aseguró que esta reforma permitirá concretar el plan de construir un millón de viviendas en seis años, meta establecida durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Melgar subrayó que la mitad de estas viviendas serán gestionadas por el Infonavit y el resto por la Conavi.
Sin embargo, el senador panista Miguel Márquez expresó su preocupación por la ampliación de facultades del Infonavit, cuestionando su capacidad para gestionar la construcción y arrendamiento de viviendas. Márquez advirtió que la falta de experiencia del instituto en esta área podría presentar desafíos significativos y propuso que se evalúen estrategias para minimizar posibles riesgos operativos.
Esta reforma marca un avance hacia el fortalecimiento de la vivienda como un derecho humano en México, sentando las bases para mejorar la calidad de vida de millones de familias trabajadoras en todo el país.
