Sheinbaum descarta participación de México en nueva fase del muro fronterizo

muro fronterizo
La presidenta aseguró que el gobierno mexicano no está involucrado ni financiará la obra, que avanza en territorio estadounidense.

Ante el reinicio de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que su gobierno no participa ni apoya dicho proyecto. Afirmó que México no ha aportado recursos y expresó su desacuerdo con la obra.

“Sin muro, hemos logrado una frontera muy segura”

Durante su conferencia “mañanera del pueblo”, desde Palacio Nacional, Sheinbaum recalcó que la seguridad fronteriza se ha logrado mediante coordinación y colaboración bilateral, no con barreras físicas.

“Lo están haciendo ellos, nosotros no estamos de acuerdo con el muro. Sin muro se ha logrado una frontera muy segura”, puntualizó la mandataria.

Es una decisión del gobierno de EE.UU.

Sheinbaum reconoció que la construcción es una decisión del gobierno estadounidense y recordó que la propuesta se remonta a la presidencia de Donald Trump, quien desde 2016 impulsó el reforzamiento del muro como una promesa de campaña.

“Siempre hemos buscado cooperación para el desarrollo y respeto a las y los mexicanos que viven en ese país vecino del norte”, agregó.

No es nuevo, pero sí controversial

La obra había sido suspendida por Joe Biden en 2021, tras su llegada a la Casa Blanca. Sin embargo, una nueva fase de construcción se confirmó recientemente entre el desierto de Santa Teresa, Nuevo México, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante el sexenio de López Obrador, México también rechazó financiar el proyecto. La edificación avanzó en su momento con recursos del presupuesto federal estadounidense, incluso tras un cierre parcial del gobierno en 2018 y la declaración de emergencia nacional para liberar fondos del Departamento de Defensa.

El objetivo sigue siendo el mismo

El muro, que ya suma más de 455 millas de barrera, fue diseñado para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas, aunque organizaciones de derechos humanos han cuestionado su eficacia y el impacto en comunidades fronterizas.

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