Agua: de mercancía a bien de la nación
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este 1 de octubre envía al Congreso de la Unión dos iniciativas legales que buscan devolver al agua su estatus de recurso de la nación y garantizarlo como derecho humano.
Durante su intervención, la mandataria recordó que entre 1988 y 1994, durante el sexenio neoliberal, la Ley de Aguas Nacionales se modificó para permitir la transferencia de concesiones entre privados, lo que provocó descontrol, sobreexplotación y generó un mercado ilegal del agua en varias regiones del país.
“Eso se acaba con la iniciativa que estamos enviando hoy; se ordena el uso de agua en el país. El agua es un recurso escaso en muchos lugares y deja de ser una mercancía para volver a ser un instrumento de la nación”, señaló Sheinbaum.
Reformas clave: uso y concesiones reguladas
Con las nuevas disposiciones, no será posible vender ni transferir concesiones entre particulares. En caso de cambio de uso, los títulos deberán devolverse a Conagua, que evaluará la solicitud de nuevo permiso, revisando pagos, mediciones de consumo y uso correcto del recurso.
Se creará un Registro Nacional del Agua, que permitirá dar trazabilidad a todas las concesiones y combatir la corrupción asociada a la asignación y uso del recurso.
Participación social y consenso
Estas iniciativas surgen del consenso logrado en foros realizados en febrero y marzo de 2025 en las 13 regiones hidrológicas del país, donde participaron industrias, distritos de riego, instituciones académicas, ayuntamientos y gobiernos estatales.
Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La Ley General de Aguas reglamenta el artículo cuarto constitucional y reconoce los sistemas comunitarios de gestión, incluyendo núcleos y comunidades indígenas. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales fortalece la rectoría del Estado, regula prórrogas, y asegura que cualquier cambio de uso pase por autorización de Conagua.
Sanciones y delitos hídricos
Las iniciativas incluyen sanciones más estrictas y multas mayores para quienes cometan irregularidades en la explotación del agua. Se tipifican como delitos hídricos: extracción, traslado ilegal de aguas nacionales, desvíos no autorizados y actos de corrupción en la expedición de títulos. La Ley de Extinción de Dominio podrá aplicarse en casos de robo de agua.
Fondo de reserva y protección a comunidades
Se creará un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para garantizar el abastecimiento en regiones con escasez y se reconoce formalmente a los sistemas comunitarios y de uso doméstico, que podrán operar bajo coordinación local y sin fines de lucro, asegurando la participación ciudadana en la gestión del agua.
