Trasladan a Mazatlán a 23 adolescentes rescatados en altamar; seguirán bajo resguardo

Trasladan a Mazatlán a 23 adolescentes rescatados en altamar

Los jóvenes fueron reubicados a un centro de asistencia autorizado por DIF Nacional

De los 28 jóvenes rescatados en altamar frente a Topolobampo, 23 adolescentes de entre 14 y 17 años fueron trasladados a Mazatlán para continuar bajo resguardo del DIF Sinaloa, informó la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola Merari Sánchez.

Los menores permanecían en las instalaciones del DIF en Los Mochis desde el pasado jueves, pero el traslado se decidió para garantizar mejores condiciones de alojamiento y acompañamiento especializado, ya que las instalaciones de Mazatlán cuentan con mayor capacidad y certificación para este tipo de atención.

“Los tenemos en un centro de asistencia autorizado por DIF Nacional, con toda la normatividad para darles la asistencia digna que deben tener”, explicó Sánchez.

DIF Sinaloa asume representación legal y activa protocolo federal

La procuradora detalló que el DIF estatal asumió la representación legal de los 23 adolescentes la noche del 1 de noviembre, una vez que la Fiscalía General del Estado los liberó y puso bajo resguardo institucional.

“Nosotros inmediatamente que tuvimos conocimiento entablamos comunicación con el procurador de Chiapas para adelantarnos en el trabajo y poder hacer la derivación lo más pronto posible”, declaró.

Sánchez precisó que, al confirmarse que los jóvenes no son originarios de Sinaloa, el DIF estatal debía asumir temporalmente su custodia y activar el protocolo federal de derivación interinstitucional.

“Una vez que verificamos que no son de nuestra entidad federativa, se tiene que asumir la representación por parte del Estado para poder trasladarlos. Estamos trabajando de manera coordinada con el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Chiapas para garantizar su retorno seguro”, añadió.

Atención médica y psicológica asegurada

Desde su rescate, los adolescentes recibieron atención médica, psicológica y social. Según la procuradora, todos se encuentran estables y bajo resguardo especializado en un centro de asistencia que cumple con los lineamientos nacionales de protección infantil.

El grupo está conformado únicamente por varones originarios de Chiapas, quienes fueron trasladados al norte del país presuntamente con fines laborales. Su estancia en Mazatlán será temporal, mientras se completan los trámites para su retorno a su estado de origen.

Cinco mayores de edad fueron liberados

Respecto a los cinco jóvenes mayores de edad que viajaban con ellos, Sánchez informó que fueron liberados tras la intervención ministerial, al no existir elementos para mantenerlos bajo resguardo asistencial.

Hasta el momento, no se ha confirmado una investigación penal por trata o explotación laboral, aunque la indagatoria sigue bajo reserva legal.

Protección integral y seguimiento institucional

El DIF Sinaloa aseguró que continuará brindando acompañamiento psicológico, alojamiento digno y seguridad jurídica a los adolescentes hasta que concluyan los procedimientos oficiales de traslado a Chiapas.

Sánchez reiteró el compromiso del Estado de garantizar el interés superior de la niñez, recordando que este tipo de casos requieren coordinación entre entidades para asegurar que los menores no sean revictimizados.

“Estamos trabajando con todas las instituciones involucradas para garantizar que estos adolescentes regresen con sus familias bajo protección y seguimiento del DIF de su estado. La prioridad siempre será su bienestar y su derecho a una vida libre de explotación”, afirmó.

Contexto del caso

Los 28 jóvenes —23 menores y cinco adultos— fueron rescatados en altamar frente a las costas de Topolobampo, Sinaloa, cuando se dirigían desde Chiapas presuntamente reclutados para trabajar como jornaleros.

La Secretaría de Marina intervino la embarcación y puso a los pasajeros bajo resguardo de las autoridades estatales. Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso se investiga como posible explotación laboral infantil, aunque descartó vínculos con el crimen organizado.

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