La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda con el objetivo de facilitar el acceso a créditos habitacionales y ampliar la construcción de vivienda social en el país.
La propuesta busca sustituir el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, en concordancia con estándares internacionales en materia de derechos humanos y con la reforma constitucional aprobada en 2024 a los artículos 4º y 27 de la Constitución.
El proyecto, que consta de 130 páginas, ya fue turnado a comisiones en San Lázaro para su análisis.
Más herramientas para construir vivienda
La iniciativa plantea que instituciones públicas que otorgan créditos a trabajadores —como organismos de vivienda— puedan adquirir, rehabilitar, construir o demoler viviendas, además de financiar proyectos de autoproducción de vivienda.
También se contempla que estas instituciones puedan urbanizar terrenos y desarrollar unidades habitacionales, con el fin de aumentar la oferta de vivienda social y facilitar el acceso a créditos más accesibles.
El objetivo central, señala la exposición de motivos, es subsanar el déficit de vivienda social en México y fortalecer la coordinación entre el sector público, privado y social.
Qué significa “vivienda adecuada”
La iniciativa incorpora en la legislación el concepto de vivienda adecuada, que implica una serie de condiciones mínimas para garantizar el derecho a la vivienda.
Entre los elementos que debe cumplir se encuentran:
- Accesibilidad
- Asequibilidad económica
- Adecuación cultural
- Disponibilidad de servicios e infraestructura
- Habitabilidad
- Seguridad en la tenencia
- Ubicación adecuada
Según el gobierno federal, estas condiciones buscan asegurar que la vivienda no solo exista, sino que cumpla con estándares mínimos de calidad y acceso para las familias.
Créditos más accesibles para trabajadores
La iniciativa también plantea fortalecer la cooperación entre organismos que financian vivienda para que puedan otorgar créditos más baratos y suficientes para trabajadores.
Además, las instituciones podrán arrendar o vender viviendas construidas con recursos de sus propios fondos, así como incorporar espacios destinados a servicios dentro de los desarrollos habitacionales.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma busca “robustecer la coordinación institucional y materializar el derecho humano a la vivienda adecuada para toda persona”.
La iniciativa será discutida en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde legisladores deberán analizar su impacto en el sistema de financiamiento y desarrollo de vivienda en México.
