La Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa emitió un posicionamiento público en el que expresó su preocupación por el precedente que podría generarse tras la resolución judicial en el caso entre la diputada morenista con licencia Almendra Ernestina Negrete Sánchez y la funcionaria y activista María Emma Zermeño López.
El pronunciamiento fue difundido este 13 de marzo en Culiacán y señala inquietudes sobre los criterios aplicados por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el caso.
Red advierte riesgos para la privacidad y la libertad de expresión, es su postura por caso Emma Zermeño
En su posicionamiento, la Red señaló que permitir el uso de conversaciones privadas como base para sancionar expresiones puede representar un precedente que afecte derechos fundamentales.
De acuerdo con el documento, criterios de este tipo podrían abrir la puerta a formas de censura indirecta, además de poner en riesgo la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión de las personas.
La organización señaló que el caso plantea un debate importante sobre los límites entre la protección contra la violencia política en razón de género y el respeto a derechos fundamentales como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
El caso entre Emma Zermeño y Almendra Negrete
El conflicto se originó tras una denuncia presentada por la diputada con licencia Almendra Ernestina Negrete Sánchez contra la activista y funcionaria María Emma Zermeño López, a quien acusó de presunta violencia política en razón de género.
La denuncia se basó en comentarios realizados en conversaciones privadas de WhatsApp entre 2024 y 2025.
Según el posicionamiento difundido por la Red, dichos mensajes fueron compartidos en un intercambio personal con un conocido, quien posteriormente entregó capturas de pantalla de las conversaciones sin el consentimiento de la acusada.
Red cuestiona precedente jurídico del caso
La Red recordó que inicialmente el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa había desechado la denuncia al considerar que no era posible analizar comunicaciones privadas.
Sin embargo, tras una revisión ordenada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el caso fue reanalizado.
Posteriormente, el tribunal estatal determinó que sí se configuraba violencia política de género en su modalidad simbólica en perjuicio de la legisladora.
Los magistrados Luis Alfredo Santana Barraza, Aída Inzunza Cázares y Edgar Donato Vega Márquez votaron a favor de la resolución.
Llaman a autoridades a actuar con apego a derechos fundamentales
En su posicionamiento, la Red subrayó que combatir la violencia política contra las mujeres es una obligación del Estado, pero advirtió que ello no debe implicar la vulneración de otros derechos.
El pronunciamiento sostiene que la protección de las mujeres frente a la violencia debe coexistir con la defensa de la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.
Asimismo, hicieron un llamado a que las autoridades actúen bajo principios de legalidad, proporcionalidad, mínima intervención y protección reforzada de la privacidad.
Finalmente, la Red concluyó que una democracia sólida debe garantizar tanto la protección de las mujeres frente a la violencia como el derecho de la ciudadanía a expresar ideas y mantener comunicaciones privadas sin temor a sanciones.
