Colectivas solicitan revisión formal por posibles faltas al código de ética
Colectivas y la activista Emma Zermeño acudieron al Congreso del Estado de Sinaloa para solicitar formalmente la intervención institucional ante la denuncia interpuesta por la diputada con licencia Almendra Negrete.
El objetivo es que se determine si existe alguna falta al código de ética legislativo. El documento fue dirigido a la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, el área jurídica y el Órgano Interno de Control, instancias responsables de revisar posibles irregularidades en el actuar de personas servidoras públicas.

Piden acción inmediata ante posibles riesgos y señalan posible abuso institucional tras denuncia de Almendra Negrete
Durante su posicionamiento, Zermeño subrayó la urgencia de una respuesta por parte de las autoridades, al señalar que la situación requiere atención inmediata.
Reveló que, tras recientes incidentes cerca de su domicilio, su equipo jurídico decidió solicitar medidas de protección a nivel federal, con el fin de prevenir cualquier riesgo.
Aunque evitó atribuir los hechos a una persona en específico, indicó que los acontecimientos generaron preocupación tanto para ella como para su familia.
Denuncian fallas en mecanismos de atención
La activista también evidenció deficiencias en los sistemas de atención institucional, al señalar que durante la solicitud de apoyo no obtuvo respuesta oportuna.
Incluso, denunció que uno de los números destinados a emergencias no contaba con saldo, lo que retrasó la atención en un momento crítico.
El caso ya fue turnado a una instancia federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, la cual dará seguimiento, aunque el tiempo estimado de respuesta es de entre una y dos semanas.
Exigen al Congreso actuar ante un caso que escala
Las colectivas señalaron que este caso ya escaló al ámbito público, por lo que exige una actuación clara del Congreso del Estado de Sinaloa.
Pidieron que se garantice una revisión transparente, imparcial y con apego a los derechos humanos, así como condiciones de seguridad para la activista.
Finalmente, hicieron un llamado a que el Congreso no omita su responsabilidad y actúe ante posibles abusos institucionales, utilizando sus propios mecanismos de control interno.









