Ciudad de México.– La reacción no tardó. Luego de que la Suprema Corte avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó una crítica frontal contra el máximo tribunal y el gobierno federal, al que acusó de actuar con tintes autoritarios.
A través de sus redes sociales, el dueño de Grupo Salinas cuestionó el alcance de la resolución y advirtió que podría utilizarse como una herramienta de persecución política.
“¿Se irán a quedar sin cuentas todos los criminales o solo van a ir contra los mexicanos que les somos incómodos?”, escribió, en un mensaje donde también arremetió contra Morena y figuras cercanas al oficialismo.
El empresario fue más allá. Aseguró que decisiones como esta confirman que el país se encamina hacia una “dictadura” y pidió que también se revisen las cuentas de actores políticos ligados al partido en el poder.
El posicionamiento se da en un contexto en el que la Corte redefinió los límites de actuación de la UIF, al considerar que el congelamiento de cuentas no es una sanción penal, sino una medida preventiva para frenar operaciones ilícitas como el lavado de dinero.
Con el nuevo criterio, la UIF puede actuar con base en información nacional, sin necesidad de una solicitud extranjera, y utilizar datos financieros de hasta una década para detectar movimientos sospechosos.
Además, la resolución deja atrás interpretaciones anteriores que habían limitado estas facultades, lo que —según el propio fallo— busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar con rapidez frente a operaciones irregulares en el sistema financiero.
Pero el debate está abierto.
Mientras el gobierno y la mayoría de ministros defienden la medida como una herramienta necesaria contra la delincuencia financiera, voces críticas advierten el riesgo de que se convierta en un mecanismo discrecional con impactos directos en derechos y patrimonio de particulares.
En ese cruce de posturas, la reacción de Salinas Pliego refleja una disputa más amplia: la tensión entre el combate a delitos financieros y los límites del poder del Estado.
