Fortuna de Trump creció más de 2 mil millones de dólares en su primer año de gobierno

La fortuna personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó en al menos 2 mil 200 millones de dólares durante su primer año de gobierno, de acuerdo con el informe patrimonial entregado a la Oficina de Ética Gubernamental, mientras continúan las críticas por posibles conflictos de interés entre sus negocios privados y las decisiones de su administración.

El documento, de 927 páginas, detalla ingresos por más de 2.2 mil millones de dólares durante 2025. De esa cantidad, alrededor de 1.4 mil millones provienen de inversiones relacionadas con criptomonedas, sector que Trump ha impulsado desde la Casa Blanca con el objetivo de convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”.

Según el reporte, el mandatario obtuvo cerca de 600 millones de dólares por la empresa World Financial Liberty, creada junto con sus hijos, y otros 636 millones de dólares por su criptomoneda $Trump.

Diversos especialistas en ética pública advirtieron que nunca antes un presidente estadounidense había mantenido vínculos tan estrechos entre sus intereses financieros personales y las políticas impulsadas por su gobierno.

Ty Cobb, quien fue abogado de Trump durante su primer mandato, calificó la situación como “la mayor avalancha de corrupción en la historia reciente”, al asegurar que el presidente utiliza diariamente su cargo para incrementar su riqueza.

Además de las ganancias en criptomonedas, Trump reportó ingresos por licencias de hoteles, campos de golf, venta de productos con su marca, así como acuerdos judiciales con medios de comunicación.

El mandatario rechazó que exista conflicto de interés y aseguró que sus inversiones son administradas por asesores externos y sus hijos. La Casa Blanca sostuvo que todas las decisiones del gobierno se toman en beneficio del pueblo estadounidense.

Sin embargo, investigaciones periodísticas han señalado que familiares de Trump y altos funcionarios también han realizado inversiones en empresas beneficiadas por acuerdos comerciales impulsados por la administración federal, lo que ha motivado nuevas solicitudes de investigación por parte de legisladores demócratas.

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