Por Rita Tirado Lopez
Hay preguntas que aparecen cuando dejamos de mirar la violencia únicamente como un síntoma y comenzamos a cuestionar las estructuras que la sostienen. ¿Qué relación puede existir entre un genocidio desarrollado durante décadas bajo ocupación y apartheid en Palestina y una narcoguerra que desde 2024 ha sumergido nuevamente a Sinaloa en una espiral de asesinatos, desapariciones, desplazamientos y militarización? No se trata de comparar dos procesos históricos profundamente distintos de la nada. Se trata de mirar las estructuras que los atraviesan: la construcción de enemigos comunes, la militarización de los territorios, el control de las poblaciones, los intereses geopolíticos y económicos y la expansión de formas transnacionales de violencia.
Pero antes, para quienes opinan que lo que ocurre en “países lejanos” no tiene nada que ver con lo que ocurre en Sinaloa, primero una breve clase de historia: Amnistía Internacional concluyó en el 2023 que Israel estaba cometiendo genocidio contra del pueblo palestino. Pero lo que ocurre en Gaza no comenzó el 7 de octubre de 2023. Amnistía señala la ocupación militar ilegal desde 1967 y el bloqueo por tierra, mar y aire desde 2007. Además, lo que ocurre no puede separarse de la resolución 181 (II) que emitió la ONU en 1947, que dividió la región en dos Estados: uno árabe y otro judío. A los judíos se les designó el 54% del territorio siendo apenas el 30% de la población total. Un año después, en 1948 Israel declaró unilateralmente su independencia, lo que desencadenó la primera guerra árabe-israelí.
Tras la guerra, Israel pasó a ocupar el 77% del territorio. Para la población palestina, fue la Nakba (la catástrofe), que supuso la expulsión de unas 700.000–750.000 personas y el inicio de la diáspora palestina. Décadas después, la guerra de 1967 amplió la ocupación israelí a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, marcando el comienzo del control militar que continúa hasta hoy. Por todo esto, reducir lo ocurrido desde 2023 a una campaña militar contra Hamás resulta insuficiente. Israel no actúa solo, la destrucción ocurre con armas, financiamiento, tecnología, protección diplomática y complicidad internacional. Amnistía ha señalado que el suministro de armamento y entrenamiento por parte de otros Estados (como Estados Unidos de América) y la impunidad internacional han sido elementos fundamentales para la continuidad de estos crímenes.
Todo esto evidencia una verdad que puede aplicarse a toda la geografía global: existe una economía alrededor de la guerra que la hace posible. Análisis como el de Vidart(2025) explican como Gaza, es un ejemplo que permite observar qué industrias, tecnologías, Estados y capitales se benefician de la guerra. Y aquí aparece la pregunta que nos interesa, ¿cómo se relaciona esto con Sinaloa? Mientras en Gaza nos muestran la forma extrema de la lógica capitalista de: destrucción, despoblamiento, reconstrucción y reordenamiento, en Sinaloa podemos observar otras dimensiones de la misma tormenta.
Actualmente en Sinaloa hay alrededor de 3,000 familias que aparecen en los registros oficiales de desplazamiento forzado, se trata de más de 12,000 personas obligadas a abandonar sus hogares dando como resultado lo que ahora se conoce como pueblos fantasma. También existe una crisis de desaparición forzada, desde septiembre de 2024, la Fiscalía estatal acumula 3,889 personas desaparecidas hasta junio de 2026, mientras colectivos de búsqueda advierten que existe un subregistro todavía mayor. Antes de la narcoguerra ya desaparecían un promedio de 3 personas por día.
Frente a este escenario, la respuesta estatal ha sido, fundamentalmente, militar. El 29 de enero de 2026 fueron enviados 1,600 elementos del Ejército a Sinaloa, distribuidos principalmente entre Culiacán y Mazatlán. En julio se anunció el Operativo “Verano seguro” con 2 mil elementos adicionales, con lo que sumaba alrededor de 5 mil efectivos tan solo en la zona sur del Estado según datos de Revista Espejo.
Si cada asesinato se convierte en una disputa entre cárteles, cada desaparición en una consecuencia del crimen organizado y cada desplazamiento en un daño colateral de la guerra, dejamos fuera lo más interesante: ¿qué pasa cuando dejamos de mirar al “cártel” como el origen de la violencia y comenzamos a investigar las estructuras políticas, económicas y geopolíticas que necesitan producirlo como enemigo? Zavala (2025) en su controversial libro Los carteles no existen sostiene que el aceptar sin más la imagen de los cárteles como organizaciones todopoderosas que explican por sí mismas la violencia mexicana deje de fuera otra relaciones de poder que la hacen posible. Tanto Gaza como Sinaloa pueden ser leídos dentro de una misma geografía global de la militarización. Y eso es justamente lo que vuelve tan perturbador todo.
El concepto de terrorismo global de Estado, propuesto por Gilberto López y Rivas (2026) resulta particularmente útil para analizar la violencia ejercida por aparatos estatales imperialistas a escala mundial, orientada a producir terror y violando marcos nacionales e internacionales. Desde esta perspectiva, podemos mirar lo que está ocurriendo en Sinaloa no como una guerra que simplemente ocurre dentro del territorio, sino como parte de un entramado mucho más amplio de seguridad, militarización, producción de enemigos comunes, control territorial y disputa por recursos.
Por eso la frase “Practican en Gaza lo que harán en tu casa” cobra sentido, porque ¿y si lo que están viviendo en Gaza no fuera una excepción histórica, sino una de las formas más extremas de un repertorio de poder que también está siendo ensayado, adaptado y exportado hacia otros territorios del Sur Global? Llamenme conspiranoicx, pero no es casualidad que en febrero de 2025, Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y a otros grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.Incluso el Departamento de Justicia estadounidense ya utiliza la categoría de “narcoterrorismo” en acusaciones contra integrantes del Cártel de Sinaloa.
Llamar “narcotraficante” a una persona no es jurídicamente equivalente a llamarla “terrorista”. La ampliación de esta categoría no es solamente un cambio de lenguaje: modifica el campo de lo que puede ser considerado una amenaza y, con ello, amplía también las posibilidades de intervención sobre los territorios y las poblaciones construidas alrededor de esa amenaza. Desde la perspectiva de López y Rivas (2026) el análisis del terrorismo tiene que mirar quién construye el escenario en el que determinadas poblaciones pueden ser convertidas en objetivos legítimos de violencia.
Incluso existe una historia documentada de cooperación militar y tecnológica de México con Israel desde la Guerra Sucia (Izquierda Diario, 2025). No es secreto que determinadas doctrinas y tecnologías desarrolladas en el contexto de la ocupación palestina han encontrado posteriormente espacios de aplicación en México. Y esto se explica porque existe un mercado alrededor.
En Sinaloa, mientras la violencia y la militarización se intensifica, en distintas regiones como Topolobampo, comienzan megaproyectos de países extranjeros que asedian a las poblaciones y la naturaleza. Todo pasando al mismo tiempo. No estoy afirmando que exista una conspiración única detrás de cada episodio de violencia. Lo que sí me parece necesario observar es que violencia, militarización, inversiones estratégicas, disputas territoriales y reorganización económica están ocurriendo simultáneamente en el mismo territorio. Y que quizá estamos mirando cada fragmento por separado cuando necesitamos empezar a mirar el mapa completo.
La pregunta no es si México se convertirá en Palestina. Sino, ¿qué mecanismos que hoy observamos llevados al extremo en Gaza están siendo ensayados, adaptados o incorporados en otros territorios?¿Y si el problema no son únicamente los grupos armados, sino las estructuras que hacen rentable, legítimo o necesario que existan? Porque habitando la periferia nos cuestionamos… ¿qué parte de esta tormenta todavía estamos a tiempo de reconocer antes de que llegue hasta nosotrxs?
