Cuando estaba escuchando la Semanera no podía dar crédito a las palabras de la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, quien informaba que de los 3,988 inmuebles escolares el 56 % de las escuelas presentaban necesidades derivadas del abandono “en que por años estuvieron”.
Las palabras de Graciela dejaron entrever que la pandemia no es la única responsable del estado actual de las escuelas, sino una política de abandono promovida por las administraciones anteriores.
Pero, ¿cómo puede existir abandono de los centros escolares si uno de los pilares de la Reforma Educativa de Enrique Peña era la inversión en infraestructura educativa? Chamaqueron al magisterio y a la sociedad mexicana, hoy se vuelve a demostrar que era sólo una “Reforma Laboral” y no la “gran” reforma del sexenio.
Recuerdo claramente aquellas discusiones que encabezó el senador Daniel Amador como presidente de Comisión de Educación en el Senado cuando argumentaba que la reforma educativa buscaba la calidad a través de una gran inversión en infraestructura no sólo evaluar a l@s maestr@s.
Es decir, el dulce que ofreció el gobierno del PRI fue que la reforma incluía un Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa que derivaría del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica (CEMABE) que realizaría INEGI. Ese Censo estimó que era necesario invertir 50 mil millones de pesos en todo el país en infraestructura física, de los cuales 1,168 millones de pesos serían para Sinaloa. Entre 2015 y 2018, en el gobierno de Quirino Ordaz, se supone que así ocurrió.
¿Qué pasó con ese dinero? Pues habría que preguntarle a Alfonso Mejía a quién tocó “invertir” (sic) ese dinero o Álvaro Ruelas Echave, director del ISIFE en el tiempo de Ordaz, o incluso, al levantamanos de Daniel Amador, idolatra del ex titular de la SEP Aurelio Nuño, quien vendió al magisterio y endeudó el estado por la candidatura a la gobernatura.
En realidad lo que hubo con la reforma educativa fue un endeudamiento para los estados y un negocio para los empresarios. Esos 50 mil millones de pesos se consiguieron emitiendo certificados de endeudamiento en la Bolsa de Valores y fueron comprados por empresarios “comprometidos con la educación” sobre todo cuando hay una ganancia de por medio. Dichos empresarios hoy reciben intereses de sus prestamos “bondadosos” para la educación y casualmente están vinculados a Mexicanos Primero y Claudio X González.
Gracias a esos bondadosos prestamos el gobierno de Rubén Rocha Moya hoy paga alrededor de 100 millones de pesos anuales en deuda que se le descuenta directamente del Fondo de Aportaciones Multiples sobre una inversión que él no realizó. Para la poca fortuna del gobierno de la 4T, además de que las escuelas están peor, la deuda contraída por Sinaloa por la mal llamada “reforma educativa” se seguirá pagando por el resto de la administración que encabeza el Dr. Rocha y unos 20 años más (sic).
El cinismo tuvo Fernando Sandoval, ex secretario del SNTE 53, que se dio el lujo de reclamar al gobierno de la 4T al inicio de esta administración por el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas, pero nada dijo respecto al endeudamiento que Daniel Amador, su jefe, promovió a través de la reforma educativa.
Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
