Ciudad de México. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga al registro obligatorio de líneas celulares en México, por lo que el plazo original del 30 de junio quedó rebasado y ahora la fecha límite dependerá del último dígito de cada número telefónico, con vencimientos escalonados hasta el 31 de diciembre de 2026.
La medida se da luego de que el organismo reportó que, hasta su más reciente corte, alrededor de 63 millones de líneas ya fueron registradas, pero aún queda pendiente un universo de 40 millones de números que no han completado la vinculación.
¿Hasta cuándo se puede registrar cada línea?
De acuerdo con el nuevo calendario difundido por la CRT, la fecha límite para registrar una línea celular dependerá del último número del teléfono:
- 0: 15 de agosto
- 1: 31 de agosto
- 2: 15 de septiembre
- 3: 30 de septiembre
- 4: 15 de octubre
- 5: 31 de octubre
- 6: 15 de noviembre
- 7: 30 de noviembre
- 8: 15 de diciembre
- 9: 31 de diciembre
La autoridad recordó que el objetivo del registro es que cada número telefónico quede asociado a una persona, con el argumento de combatir el anonimato que facilita delitos como fraude, extorsión y otras operaciones del crimen organizado.
¿Qué pasa si no registras tu número?
La CRT advirtió que, una vez vencido el plazo correspondiente a cada línea, las compañías telefónicas podrán suspender el servicio 72 horas después si el usuario no realizó el registro.
Durante la suspensión, la línea no perderá por completo la conectividad, ya que seguirá habilitada para:
- llamar a números de emergencia
- comunicarse con servicios de atención ciudadana
- contactar a la operadora telefónica
- recibir alertas sísmicas
Sin embargo, el resto de los servicios —llamadas regulares, mensajes y datos móviles— quedará restringido hasta que se complete la vinculación.
Gobierno busca quitar anonimato; usuarios temen vigilancia
La Comisión insistió en que el proceso no lo realiza directamente el gobierno, sino las compañías telefónicas, que únicamente deben asociar nombre y CURP del usuario con su número de celular, eliminando otros datos o imágenes utilizados durante el trámite.
Aun así, la decisión ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han expresado su desconfianza ante el registro obligatorio y el temor de que la medida pueda abrir la puerta a mecanismos de espionaje, vigilancia política o uso indebido de datos personales.
El debate no es menor: por un lado, el Estado sostiene que la medida puede ayudar a frenar delitos que se cometen desde líneas anónimas; por el otro, organizaciones, activistas y ciudadanos advierten que la seguridad no puede construirse a costa de la privacidad, sobre todo en un país con antecedentes de espionaje ilegal y filtraciones de bases de datos.
Seguridad vs privacidad
La ampliación del plazo revela dos cosas: primero, que el gobierno no logró incorporar a decenas de millones de usuarios en la fecha originalmente planteada; y segundo, que persiste una amplia resistencia social frente a una política que toca un tema extremadamente sensible: quién controla los datos de las personas y con qué fines.
En el fondo, el registro obligatorio de celulares reabre una discusión que en México sigue sin resolverse del todo: cómo combatir el crimen sin convertir a toda la población en una base de datos bajo sospecha.
