La FGR acusa a Antonio Molina Díaz de participar en una estructura que habría desviado más de 5 mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.
Ciudad de México. Autoridades federales detuvieron a Antonio Molina Díaz, ex Coordinador General de Centros Federales, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como integrante de la red de corrupción vinculada al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La captura fue realizada por elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de peculado y delincuencia organizada con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Molina Díaz habría participado en un esquema de desvío de recursos públicos superior a los cinco mil millones de pesos, presuntamente mediante contratos simulados y la utilización de empresas fachada relacionadas con la construcción y operación de centros penitenciarios federales.
La FGR señala que el ex funcionario ocupó cargos clave entre 2013 y 2018 y estuvo involucrado en la suscripción de contratos para la construcción de ocho penales federales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Continúan investigaciones sobre la red de corrupción
La detención forma parte de las investigaciones que el gobierno federal mantiene abiertas sobre presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Genaro García Luna, quien actualmente cumple una sentencia en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante la captura, las autoridades aseguraron 2 mil 500 dólares, 36 mil 590 pesos en efectivo, teléfonos celulares e identificaciones presuntamente apócrifas con distintos nombres.
Molina Díaz fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México, donde quedó a disposición de un juez federal que determinará su situación jurídica.
La FGR ha sostenido que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados en la red de corrupción que habría operado durante varios años dentro del sistema penitenciario federal.
