El Gobierno de México ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su intervención en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel, acusado de presuntas violaciones a la Convención sobre Genocidio de la ONU durante su conflicto en Gaza.
Esta solicitud se fundamenta en el Artículo 63 del Estatuto de la Corte, que permite a países no directamente involucrados en el caso intervenir en el procedimiento. Previamente, Colombia y Libia también habían presentado la misma petición. Las audiencias del caso comenzaron en enero, y Israel ha defendido que su acción en Gaza se enmarca en la legítima defensa y niega cualquier intento genocida.
La intervención de México busca respaldar el cumplimiento de las medidas dictadas por la CIJ y aportar una perspectiva adicional sobre la situación en la Franja de Gaza.
Por otro lado, la CIJ ha requerido a Israel suspender su ofensiva militar y cualquier acción en la gobernación de Rafah que pueda poner en peligro la vida de la población palestina.
¿Qué establece la Convención sobre Genocidio de la ONU?
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 es el primer tratado de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de la ONU. Surgió tras el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, en el que la Alemania nazi perpetró el exterminio sistemático de más de seis millones de judíos.
Según esta Convención, el genocidio abarca cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de exterminar, en su totalidad o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
- Matanza de miembros del grupo
- Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo
- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial
- Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo
- Traslado por fuerza de niños del grupo
La Convención exige prevenir y sancionar los actos de genocidio, imponiendo castigos a los perpetradores y estableciendo medidas legislativas para su prevención y castigo.
