Por Diego Angulo
La renuncia de 8 de los ministros de la Suprema Corte, anunciada ayer como parte de la reforma al sistema de justicia de la nación, es un triunfo del progresismo en el país. Es uno de los últimos pasos en la transformación de las instituciones de México, quedando solo pendientes las universidades autónomas y los sindicatos.
Una de las premisas fundamentales de la transformación institucional se basa en la idea de que la soberanía reside en el pueblo. Enrique Dussel (EPD) señaló que uno de los principales problemas del sistema político occidental, y de México en particular, es el fetichismo de las instituciones, en el que funcionarios y jueces creen que el poder reside en ellos, en su puesto, y no en el pueblo, que es quien delega esa función. Este fetichismo ha provocado corrupción y el beneficio de unos pocos, y, por tanto, la falta de legitimidad.
Las reformas constitucionales, especialmente el voto de los jueces, buscan devolver al pueblo el control sobre las instituciones, ya que es el verdadero poder soberano de nuestro país.
Quisiera explicar cómo la Suprema Corte de Justicia y el poder judicial lleva años funcionando bajo este fetichismo institucional, retomando una columna que escribí cuando se aprobó la reforma al poder judicial.
“¿A quién apoyaba el poder judicial? Solo hay que ver quiénes los defienden en estos momentos. En primer lugar, embajadores de EE. UU. y Canadá, inversionistas y calificadoras que son profundamente diligentes en su defensa. En segundo lugar, deudores al fisco como Ricardo Salinas Pliego, y como eco del magnate, el Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX y otras organizaciones similares, que son los clubes de toby de los potentados del país. Finalmente, no sabemos si por iniciativa propia o como alfiles de los dos grupos anteriores, Alito Moreno y Marko Cortés, administradores del PRI y PAN, pregonan una defensa férrea en el Senado que ya quisiera Juan Escutia.
Estos grupos no defienden la patria donde estamos todos y todas; defienden su patria, la de la corrupción y los privilegios. Para ellos, el poder judicial operaba como la cortina legal para sus despojos e impunidad.
Aquí algunos ejemplos:
“Perdónenos, madres y padres, pero no podemos enjuiciar a Luis Echeverría por la muerte de sus hijos y otras miles de muertes y desapariciones en su sexenio; los delitos prescribieron”. Así fue el actuar del poder judicial cuando, en 2002, el expresidente y otros funcionarios de su gobierno, como Miguel Nazar Haro, fueron acusados de genocidio por las matanzas de Tlatelolco en 1968, el Jueves de Corpus en 1971 y la guerra sucia. Se acusaba al expresidente de desarrollar un terrorismo de Estado a través de la Dirección Federal de Seguridad, grupos paramilitares como las Guardias Blancas y el Ejército, que llevaron a cabo desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales como los vuelos de la muerte y torturas sistemáticas contra alrededor de 2,500 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes. Los jueces afirmaron que Echeverría, excolaborador de la CIA según el libro Inside the Company: CIA Diary de Philip Agee, no podía ser enjuiciado porque los delitos por los que se le acusaba habían prescrito; ya habían pasado 30 años. El caso fue a la Suprema Corte, y la ministra, hoy de Morena, Sánchez Cordero, afirmó que en el caso de Echeverría no prescribía porque el tiempo comenzaba a correr a partir del 1 de diciembre de 1976, cuando el presidente perdió la inmunidad constitucional; se cumplía la prescripción hasta el 2006. Diligentemente, PRI y PAN, en fast track, modificaron el Código Penal Federal para que las personas con más de 70 años no pudieran ir a la cárcel; Echeverría tenía 88. El juez autorizó prisión domiciliaria al expresidente en su mansión, con su pensión y personal del Estado Mayor asignado. Una vez que se cumplió el 1 de diciembre de 2006, los 30 años del delito, los abogados de Echeverría solicitaron la prescripción, la cual fue diligentemente autorizada. Murió a los 100 años de edad en 2022; nunca pagó por sus delitos. Lo único que nos queda es que AMLO le quitó la pensión en 2019.
“Usted disculpe, tome su dinero”. Así se titula el artículo de Proceso que hace un recuento de cómo en noviembre de 2013, el juez del 13º distrito en materia penal federal falló en favor del hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas. En un razonamiento dantesco, el juez detectó que sí se desviaron recursos públicos (se le acusaba de desviar la partida secreta) y que la fortuna de Raúl aumentó 339 veces cuando Carlos Salinas fue presidente. Hubo desvíos, pero no fue culpa de Raúl Salinas, y sí aumentó su fortuna, pero fue gracias a “la efectiva inversión de sus haberes”, decía la resolución. El juez ordenó que se devolvieran al hermano Salinas 224 millones de pesos y 41 inmuebles. Para el juez pasaron desapercibidos los 1,400 millones de dólares que el indiciado tenía en bancos de Suiza e Inglaterra. Solo faltó que el juez solicitara que el pueblo de México le pidiera perdón.
Hágase justicia en los bueyes de mi compadre. Desde 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y en la Constitución se definía que solo la CFE participaría en el sector. No obstante, en 1992, Carlos Salinas de Gortari, sin reformar la Constitución, modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir que los privados produjeran energía para autoconsumo y/o venta a la Comisión Federal de Electricidad. En 2013, Enrique Peña Nieto sí cambió la Constitución en materia de energía para permitir a los privados operar, pero desde 1992 ya lo hacían con la inconstitucional ley de Salinas, y la Corte durante este tiempo simplemente enmudeció. Con la protección de la Corte y el gobierno federal, y por encima de la Constitución, Iberdrola, Sempra Energy y otras compañías obtuvieron contratos ventajosos con la CFE, y algunos funcionarios hicieron fortuna y poder, como Felipe Calderón, Secretario de Energía con Fox y consejero de Iberdrola una vez que dejó la presidencia. Al inicio de la administración del presidente Andrés López Obrador, los privados producían el 60.5 % de la energía eléctrica del país, y cuando quiso revertir la privatización reformando la Ley de la Industria Eléctrica en 2021, apareció el poder judicial suspendiendo la aplicación de la ley, concediendo amparos a las transnacionales y declarándola inconstitucional en febrero de 2024. La justicia se hizo en los bueyes de AMLO, pero no en los de Salinas.
¿Y si te mueres antes? No defiendas los derechos que no tienes. En 2007, con la complacencia de Elba Esther Gordillo, Felipe Calderón impulsó la reforma a la Ley del ISSSTE, conocida como la “Ley Gordillo”, aumentando los años en servicio, regulando el monto de la jubilación de los trabajadores e introduciendo las cuentas individuales. Casi de inmediato se presentaron más de 200,000 amparos, principalmente alegando la irretroactividad de la ley. Al ver tantos amparos, la Suprema Corte definió atraerlos todos para homogeneizar criterios. En cuatro sesiones públicas, la Corte determinó que millones de trabajadores tendrían pensiones más bajas y reguladas, porque no se aplicaba la retroactividad al seguir en servicio, por lo que no tenían acreditado su derecho. La Corte, mañosamente, determinó que los amparados defendían una jubilación íntegra que no tenían; era un supuesto en el futuro, y para llegar a él aún se requería cumplir requisitos como el tiempo en servicio. ¿Qué tal si te mueres antes, por ejemplo? Entonces, no puedes defender un derecho que no tienes. Con esta medida, 2 millones 430 mil trabajadores se vieron afectados. En la actualidad, los trabajadores del Estado siguen luchando porque se les restituya el derecho.
Esa es la suprema corte que se va.
