Culiacán, Sinaloa.— El proceso para retirar el fuero constitucional al presidente municipal de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, podría arrancar este lunes, una vez que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado sesione y turne el expediente a la Comisión Instructora, órgano responsable de analizar la procedencia del juicio.
La solicitud fue presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) la tarde del viernes y fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Yeraldine Bonilla Valverde, quien precisó que el trámite será tratado con carácter reservado, como marca el procedimiento en estos casos.
“El documento fue turnado a la Junta de Coordinación Política, que deberá programar la sesión correspondiente. La información es limitada por tratarse de un proceso legal en curso”, explicó Bonilla.
Un contrato opaco por más de 171 millones de pesos
El caso que motiva esta solicitud de juicio político se origina en una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó serias irregularidades en la contratación del arrendamiento de 126 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Ahome.
El contrato fue firmado el 10 de diciembre de 2021 con la empresa Grinleasing, SAPI de CV, por un monto de 171 millones 451 mil 932.40 pesos, bajo el esquema de adjudicación directa, sin contar con elementos que justificaran la omisión de una licitación pública.
Según el informe de la ASE, no existieron condiciones de urgencia ni se respetaron los principios de transparencia y legalidad en la adquisición. Por ello, la Fiscalía señala que los responsables habrían incurrido en el delito de desempeño irregular de la función pública.
No solo Vargas: más exfuncionarios bajo la lupa
La denuncia también involucra a otros exfuncionarios de alto nivel del gobierno municipal de Ahome en ese periodo:
- Dalvingh Iturrios Corrales
- Antonio Humberto Vega Arellano
- Héctor Adonai Beltrán Moreno
- Julio César Romanillo Montoya
- Genaro García Castro
Todos ellos podrían enfrentar cargos conforme avance el proceso judicial y, en su caso, el retiro del fuero permita iniciar formalmente las imputaciones penales.
