Por Jonatan Azbat Carrillo
Desde quienes vivimos con VIH, cada recorte y fusión de programas nos afecta directamente. Para 2026, el presupuesto nominal de la Secretaría de Salud apenas sube de 66,693 millones de pesos en 2025 a 66,825 millones. Aunque sobre el papel parece un aumento, al considerar la inflación proyectada del 8-9%, este incremento representa en realidad una reducción del 4-5% en recursos disponibles para la salud, lo que se traduce en menos capacidad para comprar medicamentos, pagar personal y mantener programas esenciales.
Peor aún, 11 programas fundamentales serán eliminados, incluido el de prevención y atención del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual, y se fusionarán en un único “superprograma” llamado Política de prevención y control de enfermedades. Esto amenaza la atención específica que necesitamos: seguimiento médico, pruebas de carga viral y CD4, y acceso constante a antirretrovirales.
Hoy ya enfrentamos desabasto parcial de medicamentos esenciales. En 2018, el 5.8% de las unidades del sector salud público reportaron desabasto de antirretrovirales, con 26 quejas registradas por retrasos en la entrega de medicamentos. En 2019, la crisis se agudizó debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la compra de medicinas impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A finales de abril y principios de mayo de 2019, personas que viven con VIH, organizaciones de la sociedad civil, activistas y médicos bloquearon el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, exigiendo la compra inmediata de antirretrovirales.
Cuando el desabasto alcanzó su punto más grave, quedó claro que los recortes y la austeridad tenían un costo directo en la vida de las personas: interrupciones de tratamientos, riesgos de resistencia a medicamentos y aumento de complicaciones de salud.
Hoy, con el Paquete Económico 2026 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la situación sigue siendo crítica. Aunque hay un aumento nominal en el presupuesto total de salud, este no compensa la inflación, y además se concentran recursos en algunos programas mientras que instituciones como la Secretaría de Salud y el ISSSTE enfrentan recortes reales del 4-5%. La eliminación de programas específicos para el VIH y su fusión en un “superprograma” pone en riesgo la atención especializada que necesitamos.
Cada interrupción en nuestro tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones y resistencia a los medicamentos. Además, la disminución de programas de prevención afecta a la población general: menos pruebas, menos educación y menos acceso a medidas preventivas fundamentales como PrEP y PEP, así como condones, aumentando el riesgo de nuevas infecciones en personas que aún no viven con VIH.
No podemos esperar a que los números cuadren. La salud de quienes vivimos con VIH depende de continuidad, especialización y recursos suficientes. Los recortes presupuestales no son ajustes administrativos: son decisiones que impactan directamente en nuestras vidas y en la salud pública.
La prevención y el tratamiento del VIH no son gastos contables: son derechos que salvan vidas. Cada reducción, cada fusión, pone en riesgo nuestra salud y la de toda la población.
Nuestra voz es clara: la austeridad no puede costarnos la vida
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