Por Rita Tirado Lopez
Hay algo profundamente incómodo en descubrir que, incluso dentro de los espacios que se nombran colectivos y horizontales también habitan el ego, la jerarquía y la disputa por el poder.
Lo pensé hace unos días, después de que una situación personal terminó expuesta públicamente en un espacio que debía representar otra cosa: mi bienvenida como columnista en este medio. No era sobre mí, pero terminó siéndolo. Y aunque no era la primera vez, sí fue suficiente para obligarme a volver sobre una pregunta que me persigue desde hace tiempo: ¿Qué tipo de activismo estamos construyendo?
Entendemos por activismo a la organización entre personas, grupos o comunidades que se involucran en conflictos políticos, sociales o culturales desde una identidad compartida para generar leyes, libertades, derechos y nuevas formas de entender lo justo (Coss, 2026).
Sin embargo, en la práctica, el activismo no siempre se vive así. Muchas veces también se convierte en un espacio atravesado por disputas simbólicas, jerarquías no nombradas y una necesidad constante de validación moral. Es ahí donde vale la pena preguntarnos no solo qué entendemos por activismo, sino cómo lo estamos ejerciendo.
Las “funas”, los linchamientos públicos y la necesidad constante de demostrar pureza moral se han vuelto una práctica común dentro de muchos espacios que dicen luchar por los derechos humanos y la justicia. Y no hablo solamente desde la incomodidad personal, sino desde una preocupación más profunda: cuando el activismo se convierte en vigilancia, castigo y capital simbólico, dejamos de construir comunidad para empezar a administrar prestigio.
En Sinaloa, un territorio atravesado al mismo tiempo por el crimen organizado, el desplazamiento forzado, la desaparición de personas y la gentrificación de ciudades como Mazatlán, hablar de activismo no puede ser un ejercicio meramente performativo. Aquí, defender derechos humanos no es solo una estética; muchas veces es una forma de supervivencia.
Hace apenas unos días participé en un encuentro para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Mazatlán, y una de las reflexiones que más me atravesó fue esta: muchas personas defensoras no se perciben a sí mismas como tales. Y ese, quizá, es uno de los mayores riesgos que enfrentamos. Porque cuando no reconocemos nuestra propia labor de defensa, también se vuelve más difícil exigir protección, construir redes y dimensionar el nivel de violencia que enfrentamos.
El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa informó en su último reporte semestral que, desde septiembre de 2024, las agresiones contra personas defensoras y periodistas se han duplicado mensualmente. Tan solo en 2025, el Instituto emitió 526 medidas de protección que beneficiaron a 106 personas, una cifra que no solo evidencia el nivel de riesgo, sino también la precariedad estructural en la que se sostiene la defensa de derechos humanos en Sinaloa.
Hablar de activismo aquí significa hablar de madres rastreadas que salen a buscar a sus hijxs con sus propias manos, herramientas y recursos, de personas acompañantes criminalizadas, de defensoras y periodistas amenazadas, de colectivas que sostienen redes de cuidado cuando nadie más quiere, de comunidades enteras aprendiendo a sobrevivir en medio de la violencia y el abandono institucional.
Pero también significa reconocer algo incómodo: no todo lo que se nombra como activismo transforma.
Desde espacios antirracistas se ha comenzado a teorizar sobre el concepto de “activismo blanco”. Fue a través de Lx Santx Rebelde que escuché una de las definiciones más contundentes: si tu activismo no implica soltar poder, desmontar privilegios y asumir incomodidad, entonces solo estás haciendo relaciones públicas.
Y no, “blanco” no se refiere solamente al tono de piel. Habla dede una lógica política: la comodidad de quien puede habitar la lucha sin poner realmente en riesgo su lugar en el mundo. Es el activismo que performa “radicalidad”, pero no toca estructuras; que habla de comunidad, pero reproduce jerarquías; que exige ética, pero no revisa sus propios ejercicios de violencia.
En un estado profundamente desigual como Sinaloa, esto se vuelve todavía más evidente. La representación visible del activismo suele estar concentrada en personas con capital cultural, económico y social suficiente para habitar esos espacios. Personas que pueden nombrarse activistas porque tienen el tiempo, la seguridad o la legitimidad para hacerlo.
Mientras tanto, hay quienes sostienen la vida sin siquiera asumirse dentro de esa categoría: mujeres que acompañan abortos en silencio, vecinas que organizan ollas comunitarias sin saber que así se nombran, madres buscadoras, personas trans que sobreviven a la exclusión cotidiana, defensoras comunitarias que no tienen tiempo para el discurso porque están demasiado ocupadas intentando sobrevivir y cuidar de otros
Ahí también hay activismo. Y tal vez el más urgente.
Lo vemos en espacios feministas que hablan de emancipación mientras sostienen exclusiones hacia personas trans. Lo vemos en colectivas que predican horizontalidad mientras administran poder desde el castigo moral. Lo vemos también —y decirlo incomoda— en espacios de búsqueda de personas desaparecidas, donde el dolor legítimo no cancela la existencia de disputas de poder, jerarquías y egos profundamente humanos.
Nombrarlo no es revictimizar. Es reconocer que ser víctima no suspende la complejidad humana. Las personas activistas, defensoras, acompañantes (o cómo sea que te nombres) no somos sujetas moralmente puras. Somos personas atravesadas por contradicciones, heridas, rabia y también por deseo de reconocimiento.
Tal vez el problema empieza cuando confundimos activismo con salvación.
No estamos aquí para ser heroínas ni salvadoras. No somos figuras morales incontestables. Muchas veces nos toca volvernos activistas porque el dolor nos empuja, porque la violencia nos alcanza, porque la ausencia se vuelve insoportable. Otras veces, tristemente, porque la militancia también puede convertirse en capital social.
Y ahí aparece otra trampa: la figura del “salvador/a/e”. Ese lugar donde el reconocimiento importa más que la transformación, donde la representación pesa más que la organización y donde el ego termina ocupando el espacio que debería pertenecer a la comunidad.
Pero si el activismo no construye comunidad, entonces solo estamos replicando las mismas estructuras que decimos combatir. Y ese debería ser nuestro mayor cuestionamiento.
No se trata de pureza política, sino de honestidad política. De preguntarnos si nuestro trabajo realmente acuerpa, organiza y transforma, o si solamente administra prestigio dentro de ciertos círculos.
Dejo la pregunta al aire, ¿Qué tipo de activismos estamos construyendo en Sinaloa?
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Rita Tirado Lopez (Elle, ella, él). Sociólogue y defensore de DDHH en Sinaloa; escribe desde la periferia sobre violencia, comunidad y resistencias.
Desde los márgenes también se piensa el mundo.
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