Por: Erick Calderón
Desde al menos 2023, medios locales y regionales han documentado de forma reiterada la existencia de pandillas conocidas popularmente como “macheteros” en distintas zonas de Ahome.
No se tratan de simples riñas callejeras ni de episodios aislados: hay registros de lesiones graves y, en algunos casos, de homicidios derivados de estos enfrentamientos. Sin embargo, quienes viven en las comunidades saben que el fenómeno es más antiguo que su aparición en la agenda mediática. Los relatos sobre estos grupos circulan desde hace años, pero han sido, hasta cierto punto, tolerados.
En ese contexto, la propuesta de endurecer las sanciones por la portación de machetes aparece más como una reacción tardía que como una estrategia pensada. La violencia ya escaló, ya dejó heridos, ya dejó muertos, y apenas ahora se dedujo que el problema es el objeto que se empuña y no la estructura que organiza, reproduce y protege esa violencia. La pregunta de fondo no es si el machete es peligroso —lo es—, sino si establecer criterios de control sobre ciertas herramientas equivale a gobernar el conflicto.
Sancionar la portación de una herramienta como si fuera la raíz del problema implica una confusión grave entre medios y causas; en efecto, regular machetes no es combatir la violencia. No existe una relación lógica ni causal entre prohibir objetos y reducir violencia organizada. El ejemplo es evidente: las armas de uso exclusivo del Ejército que están prohibidas en todo el país y, aun así, en Sinaloa circulan decenas de miles de fusiles de alto poder. Nadie sostendría seriamente que el problema es normativo. La ley existe. Lo que falla es la capacidad del Estado para identificar, perseguir y desarticular a quienes organizan la violencia.
El machete, en este escenario, funciona como un objeto-símbolo del miedo pues es lo más fácil de señalar. Su regulación, un blanco perfecto para aparentar control. Pero el machete no explica por qué hay jóvenes que se organizan para pelear, por qué esas dinámicas persisten, ni por qué se reproducen con normalidad. Las pandillas no existen por el machete; eligen machetes porque son baratos, accesibles y eficaces para sembrar terror. Si mañana se sanciona su portación, aparecerá otra herramienta como el cuchillo, el picahielo, o los martillos. Muchos de estos grupos, además, se mueven en motocicletas: ¿la siguiente medida será prohibir también las motos? ¿Hasta dónde llega esta lógica de sancionar la portación de objetos concretos en lugar de lo estructural?
En muchos sentidos, la medida parece una respuesta parcial a un problema que exige soluciones integrales. Sancionar objetos —en lugar de conductas delictivas claramente definidas— se parece más a castigar elementos materiales que a atacar las causas sociales y organizativas de la violencia. Produce la sensación de acción sin tocar aquello que realmente la sostiene.
El problema se agrava cuando se observa quién tendrá la facultad de decidir. En este caso, otorgar mayor discrecionalidad a la policía municipal es, en los hechos, entregar criterio a la corporación menos adecuada para ejercerlo. Policías con bajos salarios, alta rotación, capacitación jurídica deficiente y escasos mecanismos de control interno que no están en condiciones de decidir qué es una “portación injustificada” y qué no. Cuando la norma es ambigua, el poder deja de estar en la ley y pasa al criterio del agente. Y donde hay criterio discrecional sin controles reales, aparece el abuso.
El peor escenario no es difícil de imaginar: un trabajador rural o un adulto mayor detenido por portar un machete, mientras en otro punto del municipio los grupos violentos siguen operando intactos. La autoridad actuando donde es fácil y no donde es necesario.
La situación se vuelve aún más delicada cuando se reconoce la presencia de menores de edad en estas pandillas. A partir de ahí, el problema deja de ser administrativo y se convierte en uno de protección integral de derechos, de omisión institucional y, potencialmente, de responsabilidad del Estado. Sancionar la portación no toca a quienes reclutan, no rompe dinámicas de grupo, no protege al menor; solo lo expone más temprano al contacto punitivo, normalizando la violencia institucional como única forma de intervención.
A esto se suma el discurso recurrente de la “concientización desde el hogar”. Un recurso retórico tan usado como vacío. Nunca se aclara cómo se va a concientizar, con qué recursos, en qué espacios ni con qué indicadores. ¿Escuelas? ¿Colonias? ¿Programas permanentes o campañas simbólicas? En ausencia de respuestas, la concientización funciona meramente como una coartada moral: una forma de decir “ya hicimos algo” sin haber hecho nada a niveles estructurales.
¿Faltan recursos en los ayuntamientos? Sí, sin duda. Pero también falta voluntad técnica. Porque incluso con presupuestos limitados se pueden priorizar estrategias de inteligencia comunitaria: análisis de patrones de violencia, identificación de liderazgos locales, seguimiento de dinámicas juveniles peligrosas y coordinación real con fiscalías. La comunidad, de hecho, suele saber perfectamente quiénes son, dónde se reúnen y cómo operan estos grupos. Ignorar ese conocimiento es desperdiciar una de las herramientas más potentes contra la violencia organizada.
Desmontar pandillas es caro, lento y políticamente incómodo. Exige trabajo fino, continuidad y asumir costos. Ampliar el margen de acción del Bando de Policía es rápido, barato y comunicable, aunque lo cierto es que sólo produce titulares, no soluciones. Esto equivale a creer que administrar el miedo es garantizar la seguridad.
No es menor que, en medio de esta discusión, algunas voces hayan advertido los riesgos de irse por el camino fácil. La diputada Juana Minerva ha señalado con claridad que el debate debería trasladarse al ámbito correcto: el Código Penal del estado, estableciendo agravantes específicas cuando existan lesiones —o incluso homicidios— cometidos con machete. Es decir, castigar con mayor severidad la violencia real, no la mera portación de una herramienta. Ahí sí hay una lógica jurídica: sancionar la conducta, no el objeto.
Tampoco es irrelevante que el propio alcalde Antonio Menéndez haya llamado a la cautela, reconociendo que cualquier reglamentación debe analizarse con cuidado para no generar abusos, contradicciones legales ni efectos indeseados en la población. Esa advertencia, viniendo de quien encabeza el gobierno municipal, confirma que incluso dentro de la autoridad existe conciencia de que una mala decisión normativa puede terminar agravando el problema en lugar de contenerlo.
Tal vez por ahí va la ruta que valía la pena explorar desde el inicio: fortalecer el marco penal para castigar la violencia efectiva, invertir en inteligencia comunitaria y asumir que la seguridad no se construye desde bandos administrativos improvisados, sino desde instituciones capaces de distinguir entre quien trabaja, quien transita y quien organiza la violencia. Lo demás —regular objetos, ampliar discrecionalidades y apelar a concientizaciones en lo abstracto— corre el riesgo de ser solo otra forma de atacar sólo el síntoma mientras la causa sigue intacta.
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