Por Jonatan Azbat Carrillo
Colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas exigieron este martes la renuncia inmediata de Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa, a quien acusan de malos tratos, hostigamiento y obstaculización en su labor, además de demandar al Gobierno del Estado apoyo urgente para trasladarse a la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde recientemente se reportó el hallazgo de múltiples fosas clandestinas.
Las madres denunciaron que, tras solicitar formalmente apoyo para acudir a la zona, la Secretaría General de Gobierno ofreció una reunión con autoridades estatales y federales, incluyendo comisiones de búsqueda y derechos humanos. Sin embargo, aseguraron que la secretaria general no acudió al encuentro pactado y en su lugar se presentó la subsecretaria de Derechos Humanos.
De acuerdo con los testimonios, la reunión estuvo marcada por descalificaciones, groserías y actitudes que calificaron como “inhumanas” y contrarias a la función pública.
“Por eso hoy exigimos su renuncia inmediata. No puede haber funcionarios que traten así a las víctimas”, señalaron.
“No pedimos limosnas, exigimos un derecho”
Susana, madre buscadora que busca a su hijo desaparecido desde 2016, expresó que desde el 5 de febrero —cuando se enteraron del hallazgo en El Verde— solicitaron apoyo a la Comisión de Búsqueda para poder trasladarse con seguridad, pero no obtuvieron respuesta.
“Es una desesperación. Queremos estar allá. No sabemos si ahí pueda estar mi hijo o el hijo de alguna compañera”, dijo unas de las integrantes de la Brigada Estatal de Personas Desaparecidas.
Las madres insistieron en que conocen los protocolos de búsqueda y la cadena de custodia, y que su presencia como observadoras está respaldada por la ley. Aseguran que no buscan interferir, sino garantizar transparencia en los trabajos.
“Nos dicen que podemos incurrir en un delito por ir. Eso lo tomé como una amenaza. Nosotras conocemos nuestros derechos”, expresó otra integrante del colectivo.
Señalamientos de exclusión y control
Las denunciantes señalaron que, aunque la comisionada estatal de búsqueda es Karina Márquez, aseguran que es Patricia Figueroa quien responde y toma decisiones incluso en áreas que no le competen, como la Comisión de Víctimas o la propia Fiscalía.
También denunciaron que se les ha negado apoyo en traslados, hidratación, recursos básicos e incluso atención médica, argumentando falta de presupuesto.
“Si vamos a una búsqueda nos limitan hasta el agua. Nosotros no somos culpables de la violencia que vive el estado”, reclamaron.
Recordaron que desde 2024 habían solicitado búsquedas en Concordia, El Verde y otras comunidades tras recibir denuncias anónimas sobre posibles fosas clandestinas, pero no fueron atendidas hasta que hechos recientes dieron visibilidad a la zona.
“El único partido que tenemos son nuestros desaparecidos”
Las madres rechazaron señalamientos políticos y aclararon que su única causa son sus familiares desaparecidos.
“No somos de ningún partido. El único partido que tenemos son nuestros hijos”, afirmaron.
Además, cuestionaron la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales, señalando que incluso la comisionada nacional de búsqueda —según su dicho— desconocía la reunión que se había anunciado con colectivos.
Finalmente, reiteraron su exigencia de ser trasladadas a El Verde con las condiciones de seguridad necesarias y acompañamiento institucional.
“Para morir nacimos. Y si nos toca, que sea buscando a nuestros hijos. Pero el gobierno tiene la obligación de proveernos lo necesario. No pedimos favores, exigimos lo que por ley nos corresponde”, concluyeron.
