Foto: Cortesía | Melina Maldonado #Aquíno
Por Rita Tirado Lopez
Lo que ocurre hoy en Topolobampo, Ahome, vuelve a abrir una discusión urgente en Sinaloa: qué entendemos por desarrollo, quién toma esas decisiones y qué lugar tienen las comunidades cuando el territorio entra en disputa frente al avance de un megaproyecto.
La tensión ha regresado ahora que parte de la maquinaria de GPO ha llegado a Topolobampo. Veo en redes sociales que las comunidades están protestando impidiendo que la maquinaria avance y también veo a muchas personas defendiendo el proyecto de la planta de amoniaco y no puedo culparlas. Nos han enseñado a escuchar ciertas palabras como si fueran inevitables: desarrollo, inversión, modernización, progreso.
Llegan envueltas en discursos institucionales, acompañadas de cifras millonarias y promesas de empleo. Y parecen avanzar como si fueran el único camino, como si alternativas productivas no fueran posibles: ordenar la pesca del camarón, recuperar la pesca de escama —lisa, pargo, mojarra, robalo—, promover el cultivo de moluscos bivalvos como ostión, chocolata y callo de hacha; ofrecer apoyos crediticios para construir plantas empacadoras, de congelación y laboratorios de certificación, entre muchas otras posibilidades (Izaguirre, 2026).
Aunque desde este lado del territorio las cosas rara vez son así de simples. Para contextualizar un poco: la Bahía de Ohuira, es un humedal, en medio de los pueblos de Ohuira, Muellecitos, Paredones, Lázaro Cárdenas, Campo Nuevo, San Carlos y Topolobampo, al norte de Sinaloa, donde comunidades mayo-yoremes, pescadores y colectividades llevan 13 años de lucha incansable defendiendo este ecosistema lagunar profundamente vinculado a su historia y a su forma de vida frente al avance de megaproyectos industriales.
Hace días, leyendo a Jorge Ibarra en Revista Espejo, me enteré de que la disputa jurídica sigue abierta después de que un juez federal desechó el amparo promovido por integrantes de la comunidad de Paredones contra la autorización ambiental de la planta de amoniaco en Topolobampo, sin entrar de fondo al conflicto del consentimiento indígena, el riesgo ambiental y el derecho colectivo a decidir sobre su territorio, el juez se refugio en tecnicismos procesales para archivar la carpeta.
A veces pareciera que la historia se repite: el territorio como mercancía, las comunidades como obstáculo y la urgencia empresarial como prioridad nacional. Y es en momentos como este que no puedo dejar de pensar en 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial del EZLN. Hace casi treinta años, el Subcomandante Marcos escribía que el neoliberalismo debía entenderse como una nueva guerra de conquista de territorios. Una guerra no necesariamente con ejércitos entrando por las fronteras nacionales, sino a través del capital financiero, los megaproyectos, las reformas legales y los Estados acomodando el camino para que las inversiones entren y se instalen.
Terminé de leer ese texto pensando en Ohuira y me resultó dolorosamente vigente. Porque cuando Marcos habla de concentración de riqueza y distribución de pobreza, la historia nos demuestra que es en los territorios y pueblos originarios donde siempre comienzan. En Sinaloa eso tiene geografía específica, con forma de cuerpos de agua, de manglares, de comunidades pesqueras y de pueblos indígenas a quienes se les exige demostrar una y otra vez que su vínculo con el territorio vale tanto como una torre de papeles verdes con el signo de dólar.
Se nos dice que traerán empleo a Topolobampo, que se disparará el crecimiento, que el desarrollo por fin llegará. Pero ¿desarrollo para quién?, ¿a costa de qué? y sobre todo: ¿Quién gana y quién absorbe el riesgo?
Porque estamos hablando de apenas 150 empleos especializados a cambio de un ecosistema completo y el riesgo latente de una catástrofe por fuga de amoníaco que podría poner en peligro a miles de personas.
Es importante entender que el problema de fondo no es únicamente ambiental, sino también político, económico, territorial y de clase. La hidra capitalista (como la llaman lxs compas zapatistas) no se alimenta sólo de recursos naturales; también necesita fragmentar el tejido comunitario, volver negociable lo común y convertir la vida en mercancía. Necesita que el manglar sea superficie utilizable, que la bahía sea corredor industrial, que la pesca tradicional desaparezca, que el territorio deje de ser casa y se convierta en un activo estratégico.
Lo hemos visto con los demás megaproyectos en el país: detrás del lenguaje del desarrollo suele esconderse la misma lógica de despojo sobre territorios vivos. Por eso, cuando las comunidades de Ohuira dicen “aquí no”, no están frenando el progreso. Están defendiendo la vida y recordandonos algo que el capital intenta borrar: que el territorio no es un espacio vacío esperando inversión; es memoria, sustento, comunidad. Es historia viva. Y quizá esa sea una de las lecciones más potentes para quienes habitamos Sinaloa y otros territorios en disputa.
En medio de todo este caos también he visto solidaridad: personas informándose, preguntando cómo ayudar y buscando maneras de acompañar. En ese sentido, el trabajo compartido por Aquí no (colectivo ecológico), Filiberto Varela, entre otros, también ha sido importante. Para conocer maneras concretas de acompañar esta lucha activa, les invito a seguir la cuenta de @filibertoivarela, firmar la petición en change.org, mantenerse al tanto del proceso y fortalecer la presión pública desde nuestros distintos espacios. Porque no siempre es necesario poner el cuerpo. También podemos amplificar, escuchar y no dejar que el tema se diluya.




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Lxs compas de Ohuira/Paredones/Topo/Lázaro-Cárdenas nos han enseñado que resistir a los megaproyectos no sólo es ocupar el espacio público de vez en cuando. También es articularse, sostener un litigio durante años, defender el territorio desde la vida cotidiana o simplemente no aceptar que todo está decidido. No podemos dejar que nos impongan la idea de que esto es inevitable. Aunque muchas veces parezca que los de arriba ya lo pactaron todo, aunque el dinero y el poder quieran convencernos de que el desenlace está escrito, todavía hay mucho por hacer, la lucha no ha terminado.
Trece años de resistencia sostienen este presente y también nos recuerdan que acompañar a quienes ponen el cuerpo es vital. Al tiempo que escribo esta columna estas comunidades están en pie de lucha haciendo guardias para que la maquinaría no entre, por lo que sumarnos en este momento es crucial. Porque incluso cuando el poder económico ya decidió el rumbo, la resistencia sigue encontrando grietas.
En Sinaloa conocemos demasiado bien la violencia, sabemos lo que pesa vivir entre precariedad y abandono, pero también conocemos la organización y nos acompañamos. Por eso Ohuira no es solamente un territorio en disputa, es una pregunta abierta sobre qué futuro estamos construyendo y quién tiene derecho a habitarlo.
Porque habitando la periferia entendemos que defender el territorio también es defender la vida: cuidar lo común frente al despojo, sostener comunidad donde quieren imponer negocio y recordar que, incluso en medio de la voracidad del capital, hay pueblos que siguen diciendo: aquí no.
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Rita Tirado Lopez (Elle, ella, él). Sociólogue y defensore de DDHH en Sinaloa; escribe desde la periferia sobre violencia, comunidad y resistencias.
Desde los márgenes también se piensa el mundo.
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1 Comment
Un análisis sociológico muy pertinente, felicidades y te invito a que sigas escribiendo respecto a este tema. Aquí no!!